Los obreros y empleados municipales bonaerenses decidieron declararles la guerra a Néstor Kirchner y a Felipe Solá por no haber sido incluidos en el piso de $ 450 decidido en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Al mismo tiempo y aprovechando la atropellada le reclaman al gobierno provincial la devolución de un representante en el directorio del IOMA, además de pedir la convocatoria a paritarias.
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La Federación de Trabajadores Municipales bonaerenses, que preside el ex jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde, Alfredo Atanasof, alude que desde enero de 2002 -gestión de Duhalde-, se reconstruye el país sobre un nuevo modelo de «producción y empleo». De allí el gesto de los municipales de ayudar desde entonces a salir de la crisis. Sin embargo «no nos incluye» -sostienen-, el acuerdo por los $ 450 de mínimo aprobado por el Consejo del Salario.
Es significativa la actitud de un sindicato poderoso como es el de los municipales, que cubre las 134 comunas de la provincia de Buenos Aires, a meses de comenzar las maniobras internas en el justicialismo, partido al que está afiliado Atanasof, un hombre de absoluta confianza de Duhalde. Eso obligaráa los jefes políticos peronistas, incluido Solá, a aumentar las partidas de coparticipación para poder afrontar este incremento salarial y fumar la pipa de la paz. O buscar alguna forma de conciliación con este sector de tanto potencial para el conflicto que son los municipales.
Empujando al gobernador a reclamar con mayor énfasis aportes nacionales que dice que le adeudan.
La movida, que puede comprometer a Solá como a Kirchner, cuando faltan apenas poco más de tres meses para terminar el año, no era desconocida por Duhalde.
• Deducción
El gremio, mientras tanto, califica la denunciada maniobra de «discriminatoria», y se apoya en el artículo 14 bis de la Constitución, y en el 39 de la Constitución bonaerense, que «también nos es aplicable». De allí que deduzcan, sin más trámite, que los jefes municipales «deben implementar en forma urgente un salario básico no menor a $ 450», como derecho a una retribución justa. «La justicia social no se puede construir sobre la arbitrariedad», advierten apelando a la liturgia peronista.
El reclamo no es solamente para exigir por los $ 450 ignorados. Piden también por la estabilidad de los empleados temporarios, la convocatoria a paritarias y la sanción en la Legislatura en La Plata de una norma que permita la incorporación de un representante municipal en el directorio de la obra social de la provincia (IOMA).
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