Carlos Ruckauf recibió ayer documentación desclasificada de los Estados Unidos sobre un ciclo de la historia argentina (l975-l984), cuya mayor atención despierta el capítulo referido a la Triple A, organización que reconocía como mandante a José López Rega, quien en su momento fue compañero de gabinete del hoy canciller. Paradojas de la vida. Se supone que ese material echará luz sobre esos años en base a información -hasta ahora secreta-que recibía el Departamento de Estado, en Washington, de sus distintos funcionarios estacionados en la Argentina. Este material en los próximos días estará a disposición del público a través del sitio en Internet del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Se trata de cuatro cajas con unos 4.700 documentos correspondientes a casi una década que pueden aportar nuevas pruebas o indicios a los jueces que investigan lo ocurrido en esos años. «La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires nos ha informado que va a hacer una colocación en Internet de esta documentación en las próximas 48 horas, por lo cual cualquier ciudadano argentino va a poder verifi-carla», anunció el canciller Carlos Ruckauf. La desclasificación responde a una solicitud efectuada hace dos años por el gobierno -etapa de Fernando de la Rúa y de Adalberto Rodríguez Giavarini en la Cancillería-, y organizaciones de Derechos Humanos al Departamento de Estado de EE.UU., explicó el ministro de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa.
«No conocemos detalles, las cajas las tenemos cerradas. Pero lo que nos parecía importante es que esto no quedara solamente en manos del gobierno y por eso las vamos a poner a disposición de todos los que quieran ver los documentos a partir de mañana», afirmó.
El canciller también mencionó al Plan Cóndor, un sistema coordinado de represión de la guerrilla creado por los gobiernos militares de los países del Cono Sur durante los años '70, y a la guerra que la Argentina libró con Inglaterra en 1982 por la soberanía sobre las Islas Malvinas.
«Me imagino que pueden surgir datos que se desconocen porque es documentación que hasta este momento estuvo cifrada. Fueron años de mucha información entre la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, y seguramente se van a poder conocer los nombres de personas que estuvieron incluidas en estos actos», consideró.
• Utilidad
El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Alvarez, señaló a su vez que «éste es un material que evidentemente va a ser de muchísima utilidad para distintas causas judiciales que están en t r á m i t e ». «Este es un acto trascendente sobre la época más dolorosa que nos ha tocado vivir. Creemos que es un paso adelante y que esta información va a ayudar y mucho», agregó.
Las acciones judiciales referidas a los delitos come-tidos durante esa etapa quedaron virtualmente paralizadas por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, de 1985 y 1987, respectivamente -gestión de Raúl Alfonsín-, y por los decretos de indulto de 1990 -de Carlos Menem-, que beneficiaron a los comandantes en jefe de las FF.AA., integrantes de las juntas militares de entonces.
La constitucionalidad de esas leyes de Punto Final y Obediencia Debida está en entredicho ya que la sala 2 de la Cámara Federal se pronunció en contra. Razón por la cual terminará siendo la Corte Suprema de Justicia la que deberá expedirse. Por la desaparición de una veintena de terroristas subversivos Montoneros en el año '79, el mes pasado el juez Claudio Bonadío procesó y arrestó a más de 40 militares y policías, entre ellos, a un oficial del Ejército en actividad. Dos de ellos están muertos y el coronel en actividad posteriormente fue puesto en
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