El Consejo de la Magistratura elevó ternas clave y mira de reojo al Ejecutivo y al Senado

Mientras se negocia por los pliegos de la Corte, el órgano de selección de jueces vuelve a descargar en el Ejecutivo otro paquete de nominaciones que entraron en el embudo del Gobierno para la cobertura de vacantes que este año suman 62.

Desde que asumió Javier Milei ni un solo juez federal, nacional, fiscal o defensor fue nombrado.

El Consejo de la Magistratura votó este miercoles la elevación de otras 7 ternas de candidatos a jueces, en algunos casos, para la cobertura de vacantes clave, en el fuero comercial. Sumó así 62 ternas elevadas al Poder Ejecutivo, en lo que va de 2024 y agregó presión al Gobierno que continúa sin desagotar el stock que acumula desde que inició su gestión y que hoy, se encuentra en medio de negociaciones con los senadores y gobernadores para tantear el acompañamiento a los postulados para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Desde que asumió Javier Milei ni un solo juez federal, nacional, fiscal o defensor fue nombrado, lo que agudizó parte del problema sistémico del Poder Judicial que son las vacantes. Esta mora en el giro de los pliegos para aval del Senado confluyó ahora en que formen parte de los tironeos que ejercen los senadores para intercambiar sus potenciales votos para acompañar a los candidatos a la Corte.

El Gobierno cree que se fortalece con cartas para jugar en la negociación por nombres que podrían interesar a los gobernadores; los senadores que no saben si renuevan el año próximo en las legislativas se entusiasman con la idea de llevarse bajo el brazo algún nombramiento que los posicione mejor; y los gobernadores quieren definir el mapa judicial de sus distritos. A las 62 ternas, se le suman las más de 50 que el Gobierno llamó a "recall" cuando asumió y que habían sido enviadas por la administración de Alberto Fernández. Nunca las devolvió por lo que se acumulan.

En términos de lo que representa para el Poder Judicial son casi 150 nombres en juego -incluyendo sus listas complementarias-, lo que lo vuelve atractivo a los ojos de los negociadores pero tremendamente caótico para el ordenamiento normal del servicio de justicia. Y agrega el riesgo de empantanamiento ante tantos intereses cruzados.

Cruces políticos en el plenario

La reunión tuvo algunos chispazos políticos entre los consejeros con varios temas de coyuntura que se colaron en las exposiciones. La bancada kirchnerista aprovechó para revolearle a la jueza Agustina Díaz Cordero su presunta participación en un grupo de chats con los diputados de LLA que incursionaron en una visita a la cárcel a condenados por delitos de lesa humanidad y craneaban una forma jurídica de morigerar sus condenas o transformarlas en domiciliarias, lo que derivó en un escándalo. "Voy a contestar por escrito", respondió la vice del Consejo ante los reclamos de sus pares.

El plenario aprobó el presupuesto para el Consejo de cara a 2025. Eso incluye los gastos de manutención y salarios de todo el Poder Judicial nacional y federal. El cálculo fue de más de $ 2 billones para el próximo ejercicio, lo que viene acompañado por advertencias del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Sebastián Amerio que ya hizo oír en la Comisión de Administración y Financiera (CAF) que les desea suerte con ese pedido a Luis Caputo. Básicamente es un foco de problema que durante este año fue sofocado por quirúrgicas ampliaciones de partidas que fueron a contramano de la motosierra general.

El tercer punto controvertido fue un casi unánime repudio a los porrazos que repartió ayer la policía ante una manifestación organizada por el UEJN de empleados de justicia, que es casi parte del paisaje -por su habitualidad- en el reclamo salarial. Inexplicablemente, los efectivos procedieron al desalojo y generaron escenas de represión. El propio Amerio se abstuvo y prometió pedir informes sobre lo ocurrido, a contrapelo del Gobierno que se jacta de este tipo de actos como exhibición de fuerza. Horacio Rosatti fue parte de los que votaron repudio.

Qué se votó en el Consejo

En la jornada de hoy, el Consejo presidido por Horacio Rosatti aprobó la remisión al Ejecutivo del Concurso N°478 destinado a cubrir cuatro vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Ese fuero adquirió fuerte protagonismo con la causa Correo Argentino pero también con expedientes que tienen un vértice político. Justamente, la jueza Marta Cirulli que intervino en el proceso en primera instancia, ahora quiere ser camarista.

Otra sorpresa está en la cuarta terna donde quedó seleccionado el secretario de Justicia de Jorge Macri en la ciudad, Jorge Djvaris. Es de uso y costumbre que cuando un funcionario termina en una terna mientras está ejerciendo decline su postulación. Sin embargo, el fuero resulta tan estratégico que el final sigue abierto. Sobre todo, cuando el gobierno no da pistas de atender la urgencia de las vacantes y procastinó todo lo que pudo los nombramientos.

Además de todo eso, el Consejo aprobó el concurso N°436 para el juzgado federal de San Carlos de Bariloche. Parece lejano pero ese sitial cobra relevancia cuando tramita parte del amparo contra la Ley de Tierras contenido en el DNU 70/2023, o cuando ocurrieron tomas de Mapuches en Villa Mascardi. También se completaron las selecciones para dos cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, Chubut.

También se enviaron listas de conjueces que -como es similar a los nombramientos estables- pueden actuar en caso de vacancia, empate o recusaciones- nada menos que en la Cámara Federal de Mendoza, los tribunales de General Roca, la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata y la Cámara de la Seguridad Social.