Acuerdo. El pacto con piqueteros y sindicalistas por la Ley de Emergencia Social se dio ayer en el Congreso. Emilio Monzó, Mario Negri, Nicolás Massot y Juan Manuel Abal Medina (invitado) dieron la cara para firmar la paz de fin de año.
Mauricio Macri tuvo una semana en la que la política no ayudó. El saldo de las leyes que estaban en juego en el Congreso terminó negativo para la Casa Rosada, pero lo que es peor, con un alto costo en pesos y en política, sin efectividad en el manejo de los intereses de Cambiemos y con poca protección del Presidente por parte de sus funcionarios.
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Dos fotos complicadas, entre varias, marcaron las lastimaduras que sufrió el Gobierno en las últimas 48 horas y que van absolutamente en el sentido contrario de la voluntad de los votantes de Mauricio Macri. La reforma política fue una promesa para llevar transparencia electoral a todo el país, una ley que ilusionó realmente porque, de aprobarse, ofrecería un verdadero cambio en la política. Tanto hubiera sido ese cambio que los gobernadores peronistas que ayer dieron la lapidaria sentencia sobre el tema (ver página 11) terminaron reconociendo en la intimidad que nunca estuvieron dispuestos aceptar ni el chip, ni la máquina, ni la boleta única en las votaciones, sistema que hubiera comenzado a destruirles feudos y nichos de mercado.
La derrota de ayer, parcial o total, tuvo un alto costo. Durante meses le llevaron al Presidente resultados parciales en las negociaciones con el PJ por esta ley y en cada una de ellas el Gobierno cerró acuerdos y pagó precios. Tanto convencieron sus funcionarios a Macri que la ley avanzaría que el Presidente terminó cometiendo el acto máximo de confianza que fue ponerla en la lista de sesiones extraordinarias.
"Cada vez estoy más cómodo trabajando con los gobernadores porque siento que compartimos la agenda por hacer, por transformar los presupuestos en inversión, por reducir el gasto, el clientelismo, la corrupción y el despilfarro". La frase pertenece a Macri. La dijo ayer en Chaco casi al mismo tiempo que en Buenos Aires Miguel Pichetto y sus gobernadores demolían el proyecto oficial de reforma electoral. Alguien desde la Capital debió decirle lo que iba a suceder.
Macri está enojado y hace bien en estarlo. Ayer pagó otro precio: la foto que ilustra esta nota da clara cuenta de ello. El Gobierno debió soportar que por impericia en el manejo de la política parlamentaria en el Senado terminara aprobándose allí una proyecto de Emergencia Social que nunca debió existir, que incluyó entre otras delicias la creación de un millón de puestos de trabajo por ley; ni Juan Domingo Perón en el '50 se hubiera animado a semejante dislate. Lo apretaron sindicatos y piqueteros a Cambiemos con una marcha al Congreso que fue casi una extorsión para que finalmente cediera a un listado de reclamos que se pagará con reasignación de partidas presupuestarias por unos $25.000 millones. Efectiva campaña del PJ y piqueteros: lograron toda esa extracción de fondos públicos en sólo 20 días. Pidieron $50.000 y terminaron arreglando por la mitad. Más cuando los sindicalistas profesionales ya se habían llevado una mega compensación para sus obras sociales; los mismos que también ayer le estropearon al Gobierno una reforma de la ley de ART para frenar la industria del juicio laboral. Fue, toda, una negociación de manual que está lejos de la voluntad de ahorro y recorte del gasto público desatado durante la era K que el votante macrista tuvo en mente a la hora de meter el voto.
Curioso que fuera un radical, Mario Negri, el único que saliera a poner la cara para defender la posición oficial recordando que ese acuerdo se había cerrado en la Casa Rosada y que el Congreso sólo lo ratificaba. Negri fue el encargado de morigerar el golpe también explicando que habrá reasignación para pagarle a piqueteros y no más gasto. La pelea por Ganancias es otro ejemplo. En un momento en el que el gasto público sigue desbordado (aumento un 336 % en octubre) a Macri sus funcionarios no le pueden llevar otra receta para el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios que un magro recorte (después de haber prometido en campaña casi la eliminación). Ese anuncio sonó casi avaro si pensamos en que deberá pelearle la semana próxima a la populista propuesta de Sergio Massa, que no tendrá obligación alguna de cuidar el fisco al menos en los próximos tres años. El mensaje final suena extraño para Cambiemos: no puede bajar más Ganancias, pero tampoco el gasto público y en especial el costo de la política. Suena casi grotesco que en medio de semejante disyuntiva, los funcionarios hasta hayan alimentado a los medios con una suba de dietas y gastos de representación que en el Senado aun no ha dado marcha atrás. Falta política entonces y sobre todo vocación por cuidar al Presidente, que es lo que todo funcionario debe hacer.
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