El fallo: su historia

Fundamentalmente lo que el enjundioso y audaz fallo de la Corte Suprema en el «caso armas» restituye en el país es el respeto a la libertad. Es mucho, muchísimo.

Los argentinos, históricamente, hemos sido -debe ser por el acrisolado de las razas latinas-depredadores de muchas libertades: la de empresa, la de comercio, la de a quiénes podemos votar, la de a quiénes queremos que nos sigan gobernando sin que nos los derroquen por golpes institucionales.

Y también hemos depredado, cada vez que pudimos, la más sagrada: la libertad del ciudadano. Esta, desde este martes, se ha restituido considerablemente. Bienvenida, aunque quizá no sea una restitución definitiva. Por nuestra experiencia vivida.

Nacimos como Nación no porque «el pueblo quiere saber de qué se trata» o porque repartimos escarapelas con originales colores separatistas celeste y blanco sino porque estábamos cansados de la opresión de la monarquía española que nos negaba la libertad de comerciar con quien quisiéramos cuando hace 200 años éramos colonia.

Desde Cornelio Saavedra (1811) contra Mariano Moreno hasta Isabel Perón (1976) hemos tenido decenas de golpes de Estado.

Desde la «sustitución de importaciones» y «arancelamiento particular a las exportaciones agrícolas» (años '30), la Ley contra el Agio y la Especulación (años '50), la Ley de Abastecimiento (años '50 y subsistente todavía), «precios máximos» (años '70), «mercado oficial y paralelo de cambios» (constante alternativa en los últimos 50 años), «compre nacional» (años '70), «plan austral» (1985), «plan BONEX» (años '90) son casi innumerables, si sumamos restricciones sectoriales, las veces en que hemos atentado contra esa libertad de comerciar honestamente y decidir sobre los intereses de cada ciudadano.

Y ha sido considerable las veces que, con deformaciones, hemos restringido la Justicia atentando contra las libertades individuales. Desde ya en cada golpe militar o civil (a partir de 1890). Hemos tenido, además y simultáneamente, una admirable persistencia -digna de causa más noble- en ir procreando malformaciones judiciales y es de temer que sigamos haciéndolo en el futuro por vocación irrefrenable cada vez que algún pronunciamiento tajante eliminó la que se usaba en cada época. Contumaces, inventamos la siguiente.

Hemos dictatoriado desde «federales» contra «unitarios». Hemos tenido preso a un general ( José María Paz 8 años, el récord del país en 1831). Hemos recreado «residencias especiales» para presidentes o políticos derrocados y detenidos como la isla Martín García (3 famosos, Arturo Frondizi, Juan Domingo Perón e HipólitoYrigoyen) y El Messidor (Neuquén).

Hemos proscripto del voto ciudadano libre no menos de 5 veces al peronismo por uno u otro motivo justificado como «valedero» a partir de setiembre del '55. Hemos inventado el «plan Conintes» (conmoción interna de Estado, Arturo Frondizi, años '50/'60) para restringir las libertades públicas. También la «militarización» contra huelgas (igualmente años '50/'60). El « Estado de Guerra interno» (peronismo de los '50, cuando durante su vigencia los militares cobraban doble sueldo) y el famoso « estado de sitio», constitucional pero deformado, por el cual el Poder Ejecutivo puede detener indiscriminadamente y sin poner a disposición de un juez a cualquier ciudadano por tiempo indeterminado. Lo llevó al apogeo el último Proceso militar (1976-1983).

El temible y restrictivo «estado de sitio» no es una rémora de un pasado lejano: lo aplicó 10 días, en pleno retorno a la democracia, el ex presidente Raúl Alfonsín en los años '80 para ejercerlo sobre periodistas por supuesta «confabulación».

A su vez, a Juan Perón ya se le trató de aplicar, una vez derrocado (1955) la hasta ahora famosa «asociación ilícita».

Luego la olvidamos pero subyacía en el subconsciente de algunos de nuestros magistrados. Se le aplicó a Omar Fassi Lavalle, su esposa y dos gerentes de un negocio (Sky Ranch). La recreó el ex juez Adolfo Bagnasco para juzgar al ex interventor en el PAMI Víctor Alderete que purgó más de un año de cárcel, antes de que vaya a ser juzgado. La llevaron también a su apogeo ahora el fiscal Carlos Stornelli, el juez Jorge Urso y -cuando menos, porque hay más pero ocultos- dos magistrados camaristas como Martín Irurzun y Horacio Cattani.

A eso puso punto final ahora el importante fallo de la Corte Suprema que servirá mientras alguna mente maquiavélica no desempolve y recree alguna nueva forma jurídica para satisfacer esa tan contumaz vocación histórica nuestra de negarle la libertad a algún connacional. No olvidemos aquel «al enemigo ni justicia» (Perón, años '50). Aquí se conjuraba el apotegma histórico de Bertolt Brecht: si detienen gitanos y no soy gitano ¿por qué me preocupo?; si detienen a negros y no lo soy; si detienen a judíos... hasta que golpearon mi puerta... ¿Por qué preocuparnos si al matrimonio Fassi Lavalle -independientemente de si hayan evadido impuestos o no, para lo cual deben ser juzgados- le aplican «asociación ilícita» para castigarlos de «arranque» con prisión y después veremos? ¿Por qué preocuparnos de la misma metodología aplicada a Víctor Alderete si yo nunca voy a ser interventor en el PAMI? ¿Por qué preocuparnos de que a Carlos Menem lo detengan con la misma «asociación ilícita» antes de juzgarlo si no voy a ser presidente de la Nación? ¿Qué me importa que le inventen delitos?

Urso-Stornelli iban por más si prosperaba su disparate jurídico. Iban a golpear nuestra puerta... Ellos o los predispuestos a hacerlo al ver su impunidad.

¿Cuánto tiempo hubiera transcurrido hasta que un empresario y sus gerentes fueran detenidos acusados de «asociación ilícita» antes de juzgarlos por algo? ¿Por qué no un padre y tres o cuatro hijos que regentearan un negocio? ¿Por qué no los mismos camaristas de este caso Irurzun, Cattani y también Luraschi que proclaman como valor de su Cámara Penal 2 algo tan sospechoso y raro en la Justicia, de cualquier país, como sentenciar siempre por unanimidad sin ninguna excepción...?

Hablar del fallo de la Corte «por presión política» es un absurdo a lo que un juez-redactor del calibre de Augusto Belluscio jamás se hubiera prestado si no estuviera convencido de la arbitrariedad manifiesta de los jueces y tribunales anteriores. Menos aún lo hubiera hecho con tanta contundencia si no hubiese tenido claro que se debía frenar una antijuridicidad flagrante que amenazaba con su extensión a toda la sociedad argentina, más allá de los injusta y circunstancialmente detenidos ahora por más rango que tuvieran.

Stornelli, Urso, Irurzun, Cattani son sólo hitos, temporariamente superados, de esa vocación histórica tan argentina, como dijimos, de limitarnos las libertades en política y -para peor, aunque la culpa ya es aquí de legisladores- favorecerlas en delincuentes.