El gobierno nacional declaró "ilegales" y "clandestinas" las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la plataforma continental argentina, en una zona próxima a las Islas Malvinas, por la empresa Noble Falklands Limited, "sin estar habilitada por las autoridades competentes" del país.
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En una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía comunicó la medida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a la Procuración del Tesoro y al Ministerio Público Fiscal, "a fin de que realicen las acciones legales que entiendan oportunas en el ámbito de su competencia".
En el mes de junio, la jueza federal de Río Grande en Tierra del Fuego, Lilian Herráez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a empresas petroleras que operan ilegalmente en aguas cercanas a Malvinas.
En tanto, la resolución 859 de la Secretaría recuerda que en agosto de 2012 la Cancillería brindó información relacionada con empresas que estarían operando ilegítimamente en la plataforma continental, próxima a las Islas.
Esa información se enmarcó en las gestiones impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional "en relación al ejercicio de la soberanía nacional sobre los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos" situados en dicha plataforma.
La compañía Falkland Oil and Gas -cuya actuación fue declarada ilegal en mayo de 2012- había anunciado la celebración de un acuerdo "Farm Out" con la empresa Noble Energy Falklands Limited, para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la misma zona.
Posteriormente, en agosto de 2013 la Secretaría de Energía inhabilitó a Falkland Oil and Gas por el término de 20 años para desarrollar actividades en el país.
La resolución agrega que Noble Energy Falklands no se encuentra inscripta en los registros de la Secretaría de Energía, que en octubre pasado remitió una nota intimatoria a través de la Cancillería, para que la diligencia mediante la embajada argentina en el Reino Unido, lo cual se efectivizó en el mes de diciembre.
La ausencia de respuesta por parte de la empresa motivó las sanciones impuestas, concluye la resolución.
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