El Congreso amenaza con desatar un conflicto de poderes que puede terminar en la Corte Suprema: ayer, la Comisión de Acuerdos del Senado rechazó los amparos judiciales que frenan la designación de jueces. De ahora en adelante, sólo acatarán las sentencias firmes, porque «el otorgamiento del acuerdo al Presidente en favor de la designación de los magistrados del Poder Judicial, es una facultad privativa del Senado», afirma el despacho de comisión.
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La medida, en formato de proyecto de resolución, será aprobada por la mayoría oficialista la semana que viene en el recinto, según adelantó el titular de aquella dependencia, el riojano Jorge Yoma.
La Cámara alta avanza así sobre el instituto de las medidas cautelares, lo cual -en principioalimentará una polémica doctrinaria. ¿Puede el Legislativo desoír un amparo de Tribunales? Supuestamente, no. De hecho, hasta el momento, Acuerdos había respetado todos los amparos interpuestos para detener la designación de magistrados.
• Bloqueo
Los senadores del PJ sostienen que, de continuar la situación vigente, podrían bloquearse con medidas cautelares todas los nominaciones judiciales. La acción de Acuerdos y del cuerpo «no puede ser pasible de control judicial», concluye el texto redactado por Yoma.
Un ejemplo data de la época en que Jorge Busti -actual gobernador de Entre Ríosencabezaba esa comisión. Entonces había quedado suspendida la promoción en la carrera judicial de Osvaldo Guglielmino. En la actualidad, Guglielmino -que venía del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Número 4 de Capital Federal-ocupa la Procuración del Tesoro. Reemplazó en ese puesto (virtual abogado del Estado nacional) a Horacio Rosatti, heredero del renunciado Gustavo Béliz en el Ministerio de Justicia. Es decir, que la resolución de Acuerdos no lo afecta a favor o en contra, en este momento. Si bien puede hacerlo en el futuro.
Distinto es el caso de otros jueces del interior del país, cuyos ascensos habían sido congelados gracias a amparos. A primera vista, el dictamen no produce efectos sobre ningún candidato de renombre (si es conocido el juez que los dictó, Martín Silva Garretón), pero sienta un precedente muy importante -podría aplicarse en el caso del nombramiento de un magistrado cuestionado-, y abre la puerta a un nuevo conflicto de poderes. No sería la primera colisión. Desde que asumió Néstor Kirchner hubo pelea por la «renovación» de la Corte (casi desactivada por completo, merced a la virtual extinción de la denominada «mayoría automática» menemista; hoy, sólo resiste Adolfo Vázquez cuya acusación escucharán esta tarde los senadores).
También surgió una minicrisis por la aprobación en la Cámara alta del pago de ganancias para jueces. Esa iniciativa, que contaba con visto bueno del Ejecutivo y que amagó con agitar Eduardo Duhalde, quedó archivada, por ahora, en Diputados donde duerme el sueño de convertirse en ley. Los radicales, que no asistieron a la deliberación de Acuerdos de la víspera, todavía no definieron qué harán, si firmarán o no el despacho de comisión contra las medidas cautelares. Eduardo Menem y Ramón Saadi, tampocoparticiparon de la cita de Yoma.
Consultado por este diario, Carlos Prades (UCR-Santa Cruz) explicó que no había leído el texto del dictamen. No obstante lo cual aseguró que «las medidas cautelares suspenden los efectos; decir lo contrario es desnaturalizar el instituto». De acuerdo con el punto de vista de Prades, la resolución provoca un conflicto de poderes, aunque dijo entender que se tomaba por cuestiones operativas («para que no se frenen todas las designaciones de jueces»). Sin embargo, el santacruceño opinó que «si el Senado pretende dejar establecido este principio de que no se acatarán los amparos, el Congreso debería sancionar una ley modificatoria de la medida cautelar en cuanto al nombramiento de jueces».
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