Directivos de contratistas y constructoras argentinas junto a exintegrantes de la cartera que condujo Julio De Vido fueron suministrados a los jueces en los Estados Unidos. Al regreso de la feria se reactivan causas. El riesgo Brasil.
La Justicia de los Estados Unidos confirmó que empresarios de la construcción en la Argentina y exfuncionarios de la cartera de Planificación Federal tuvieron vinculación con los sobornos pagados por Odebrecht en el país para la obtención de obra pública en la última década. Pese al manto de silencio que rodeó el encuentro de la comitiva de jueces y fiscales locales con autoridades del Departamento de Justicia -y que se mantendrá cuando hoy arriben al país desde Washington- se expusieron nombres propios de argentinos, cuya participación en las maniobras fue confesada por Marcelo Odebrecht en el acuerdo firmado con la Justicia norteamericana para el tramo regional del escándalo de coimas.
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El Gobierno respiró tranquilo cuando supo, según fuentes cercanas a los asistentes, que ningún allegado a la actual administración había sido mencionado entre los elementos que servirán de guía a los tribunales argentinos, ya que no podrán ser incorporados como prueba oficial a las causas, sino a modo orientativo. El punto a dilucidar es el grado de participación de los socios locales de Odebrecht, mencionados en los informes estadounidenses. No todos los que fueron subcontratados o integraron las uniones transitorias de empresas para las 7 obras desarrolladas en suelo local fueron mencionados en los Estados Unidos.
Aunque la ansiedad formó parte del contexto del postergado viaje debido a las implicancias políticas de los mencionados en el marco del escándalo, los nombres están lejos de difundirse. Hubo un acuerdo tácito entre los jueces federales Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Caasanello y Daniel Rafecas y los fiscales Sergio Rodríguez (de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas) y Franco Picardi: las causas locales se activarán para que los tribunales argentinos dejen de ser vistos como morosos en la comparativa con los avances judiciales en la región, que generaron un spread de acusaciones a la clase política y empresaria. Los exhortos serán cursados vía Cancillería para intentar corroborar la información recibida y la Oficina Anticorrupción intensificará su participación con pedidos de medidas concretas que impulsen los expedientes. La estrategia será puesta en común en las próximas semanas y se reactivará pasada la feria judicial de invierno. Nada de lo que se mencionó en la reunión podrá ser utilizado como prueba de cargo si no se logra constancia documental que apoye una acusación.
Pese a que el grifo informativo se abrió y el Departamento de Justicia exige como requisito la confidencialidad de los indicios, existe un riesgo: que ocurra lo mismo que en Brasil con la llamada "delación del fin del mundo". Así se denominó a la declaración brindada ante la Justicia (acuerdo mediante) de los 77 ejecutivos de Odebrecht que corroboraron el pago de coimas, pero que tres meses después de que el Supremo Tribunal Federal autorizara su apertura, los investigadores del "Lava Jato" no pudieron comprobar sus relatos ante la Procuraduría General. Veinticuatro de esas delaciones fueron pasando de manos entre ministros de la Corte brasileña y ninguna causa fue abierta gracias a sus contenidos, al contrario de las que llegaron luego por parte del frigorífico JBS que derivaron en graves denuncias que apuntaron, incluso, contra Michel Temer.
En el esquema de investigación del país vecino, los dichos de los ejecutivos fueron remitidos a la Policía Federal para que en un plazo de 30 días llevaran adelante diligencias judiciales. Pidieron prórroga ante la dificultad para hacerse de documentación respaldatoria. La mayor dificultad ha sido la recolección de pruebas sobre los pagos efectuados. Unos 40 testigos desfilaron por los tribunales a raíz de las delaciones de los directivos de la constructora. Se iniciaron pericias de evolución patrimonial de los involucrados, se solicitaron ingresos y egresos en el Congreso y además se secuestraron informes de aportes de campaña. Los ejecutivos de Odebrecht salpicaron a 8 ministros, 39 senadores y 24 diputados. Todos negaron las acusaciones por lo que los ejecutivos fueron citados nuevamente, pero al momento de ser más específicos, las precisiones resultaron esquivas, cuando no contradictorias.
En Argentina, la cuestión no será menos trabajosa sin que la documentación sobre los giros de dinero arribe a las fiscalías y pueda empezar a trazarse la ruta del dinero, y el circuito de involucrados.
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