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Política

Diputados avanzará hoy con el petitorio de Juan Carlos Blumberg, en desmedro del plan de seguridad de Gustavo Béliz (que sólo tiene buena predisposición en el Senado), e impondrá condiciones más duras en materia de libertad condicional y mayores penas de prisión que la Cámara alta. A pesar de que el padre de Axel los castigó en la marcha del jueves pasado (al mismo tiempo que reivindicó a los senadores), serán los integrantes de aquella ala del Congreso los que cumplirán esta tarde con sus demandas: por un lado, restringirán la libertad condicional sólo para quienes hubieran cumplido 35 años de prisión, en el supuesto de cadena perpetua -la excepción serán quienes hayan cometido crímenes sexuales, que deberán cumplir de manera efectiva la condena-. En el caso de concurso real de delitos -cuando se condene al reo por violaciones varias al Código Penal-, la pena mínima será la más alta de las mínimas, mientras que el tope será la sumatoria de todos los castigos, aunque sin superar los 50 años.

Los diputados del PJ endurecieron aún más el paquete de leyes que reclama Juan Carlos Blumberg. Tras las críticas públicas que recibieron del padre de Axel (mientras reivindicaba al Senado), la mayoría de la Comisión de Legislación Penal salió ayer a demostrar que la filípica pudo haber sido injusta.

Redobló la apuesta de los senadores y estableció un mínimo de 35 años de prisión para quienes hayan sido condenados a cadena perpetua, con la única salvedad de los denominados delitos sexuales, que deberán cumplir la totalidad de esa pena
.

En cuanto a la libertad condicional, se tomaron una pequeña licencia ya que excluyeron el robo seguido de muerte de los crímenes aberrantes (violación o secuestro seguidos de muerte) que no tendrá aquel beneficio.

Cuando haya concurso de delitos, se tomará como mínimo para la sentencia el mínimo más alto, y de techo la suma aritmética de los máximos hasta 50 años
, salvo cuando se trate de delitos sexuales que incluyan perpetua.

• Polémicas

Hoy, la Cámara baja aprobará estas iniciativas, en medio de polémicas dentro del mismo oficialismo y con la UCR que firmó los dictámenes de Legislación Penal en disidencia. La duhaldista María del Carmen Falvo, así como el radicalismo encabezado por Víctor Fayad, sostiene que algunas de las modificaciones al Código Penal son contrarias al Pacto de San José de Costa Rica.

Por caso, se violaría el artículo 5, Derecho a la Integridad Personal, inciso 6:
«Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados ». Obviamente, no habrá readaptación en caso de que se deba cumplir de manera efectiva la perpetua.

• Quedó pendiente en el temario de la comisión la norma que persigue el
juego ilegal. El proyecto, original de Daniel Scioli, pero reflotado por el senador Jorge Agúndez (UCR-San Luis), espera la conversión en ley en Diputados, lo cual les permitirá a las provincias recaudar fondos extra por multas a quienes exploten o comercialicen apuestas clandestinas. Con este dinero, se podrían, por ejemplo, aumentar los sueldos de bolsillo de los agentes de calle de la Bonaerense u otras policías provinciales. Al parecer, no hay apuro por tratarlo, ya que no figura en el petitorio de Blumberg.

Los animadores de la otra ala del Congreso optaron por congraciarse con el plan de Seguridad de Gustavo Béliz, con el cual suelen practicar tiro al blanco los diputados, sobre todo, en materia de baja de la edad de imputabilidad a 14 años y la puesta en marcha del juicio por jurados (ayer, la bonaerense del PJ Graciela Camaño sumó su aporte en la materia con un proyecto que instaura el sistema para los delitos que tengan un reproche de 8 años como piso). Jorge Yoma, que auspicia su aplicación para juzgar delitos con un mínimo de 6 años, armó la semana pasada un seminario sobre la materia en la Cámara alta, en compañía del ministro de Justicia y de Scioli.

• En la víspera,
hubo otra conferencia senatorial, a la cual asistieron, entre otros panelistas, el viceministro de Béliz, Abel Fleitas Ortiz de Rozas; el jurista radical Ricardo Gil Lavedra; Atilio Alvarez y Emilio García Méndez, ex titular del Consejo del Menor y la Familia, y ex representante en Buenos Aires de Unicef, respectivamente. Tanto este tema como el de los jurados serán iniciados en el Senado, donde, evidentemente, hay mejor predisposición hacia Béliz y compañía.

Habrá que ver qué dice ahora
Blumberg.

• Por la noche, los senadores se disponían a estudiar en comisión el texto que revisaron en Diputados sobre
telefonía celular, con la idea de agregarle en la sesión de esta tarde una iniciativa para combatir el abuso sexual de menores y la utilización de Internet en este delito. En la Cámara baja, eliminaron el registro único de móviles e instaron a que sean las empresas licenciatarias las que elaboren una base de datos actualizada. Al mismo tiempo, establecieron puniciones para quienes adulteren, clonen o roben celulares.

• Mecanismo gratuito

Finalmente, dispusieron un mecanismo gratuito para averiguar si una unidad corresponde o no a una robada, si bien le quitaron la idea senatorial de que el celular era un bien registrable, a imagen y semejanza de los automóviles. Los senadores le habían dado una redacción desprolija que, según admitió Marcelo López Arias (PJ-Salta) en el recinto, debía ser corregida.

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