El oficialismo intentará hoy cerrar el bochornoso juicio político a la Corte Suprema en Diputados. Después de más de 5 meses de irresponsables dilaciones -que mantuvieron cautivo del azar político a la cabeza del Poder Judicial-, y con quórum asegurado por el compromiso previo con la UCR, el gobierno deberá superar primero una moción impuesta por radicales, el ARI de Elisa Carrió, frepasistas, la izquierda en general y disidentes del propio PJ para mantener guardada la acusación hasta que mejoren las condiciones para pasar por las armas a los miembros del máximo tribunal. Carrió y compañía, que firmaron la acusación, pretenden que el dictamen vuelva a comisión (basta con la mitad más uno de los votos) en la sesión de esta tarde, con la esperanza de reunir en el futuro 2/3 de adhesiones de los presentes y así pasar el trámite a sentencia en el Senado.
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Si el regreso a comisión fracasa, el peronismo procurará forzar el tratamiento sobre tablas del enjuiciamiento, de manera tal de voltearlo sin más dilaciones. Para cumplir este propósito, necesitará que algunos correligionarios sigan en sus bancas (indispensable para mantener más que el piso exigido para sesionar) y hacer valer las 120 manos que contaban anoche en el gobierno, dispuestas a clausurar este frente de conflicto con el Poder Judicial y, en definitiva, emprolijar un poco el paisaje institucional argentino, a ojos del Fondo Monetario Internacional.
Para llegar a los 120 votos, sumaban 95 propios y el resto de provinciales del Interbloque Federal y cavallistas. Como mínimo, en el Ejecutivo piensan que se aprobará una moción de preferencia (también por mayoría simple) para debatir el juicio la semana que viene, algo que estarían dispuestos a tolerar todos los radicales, incluso los más belicosos que suscribieron la embestida -el santafesino Carlos Iparraguirre, la rionegrina Marta Milesi y el riojano Julio Nieto Brizuela-, y hasta los mismos justicialistas Sergio Acevedo y Ricardo Falú que quieren someter a la guillotina a Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Gustavo Bossert.
El objetivo de máxima del gobierno -el tratamiento sobre tablas hoy mismo- exige una mayoría especial de 2/3 de los asistentes al plenario. Confían los oficialistas en que los gobernadores de la UCR -en especial, el mendocino Roberto Iglesias- y legisladores que juegan a la conciliación con la Corte y la Nación (en este caso, por simples necesidades coparticipables), facilitarán el cierre ipso facto del juicio político. Víctor Fayad y Aldo Ostropolsky (Mendoza), el cordobés Luis Molinari Romero y el porteño Marcelo Stubrin aparecen como eventuales salvavidas del Ejecutivo, en el mantenimiento del quórum (el peronismo tiene 120 diputados de su lado, pero son necesarios 129 para poder deliberar en el recinto) y así aprobar el tratamiento sobre tablas.
• Boicot
Se sabe que, si no prospera la vuelta a comisión, el lilismo y la izquierda tratarán de boicotear que se rechace el proceso contra el noneto de ministros para mantenerlo vigente. Es decir, que harán lo imposible para dejar sin número el hemiciclo. El grueso del radicalismo podría seguir el mismo camino, aún cuando se avendría a una moción de preferencia para la sesión que viene. La eventual ayuda extra de radicales debería permitir, por las dudas, que fracase la moción de vuelta a comisión. Podría producirse mediante abstenciones para que no triunfe esta posición que iniciará la sesión sobre la Corte.
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