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«Estos hechos en tan poco tiempo muestran que el gobierno nacional tiene dificultades de articulación política, dado que el gran poder puesto en evidencia para aprobar en la Cámara de Diputados la reforma del Consejo de la Magistratura no logra articularse para resolver problemas políticos de distrito», analizó Rosendo Fraga.
Más atrás en el tiempo sobran los casos. Un rápido recuento desde 1990 hasta la fecha muestra que, en promedio, se produjo el reemplazo forzado de casi un gobernador por año. Hay casos, como Santiago del Estero, que redoblaron la apuesta con tres recambios en cuestiónde meses, en medio de una profunda crisis institucional que terminó con el gobierno del caudillo peronista Carlos Juárez y de su esposa Mercedes Aragonés y derivó en un controvertido proceso de intervención federal encarnado por el ex fiscal de Estado Pablo Lanusse.
Esta fragilidad institucional fue común, por ejemplo, en varios estados, como Jujuy, Corrientes, Catamarca, Tierra del Fuego, San Juan y la propia Santa Cruz, con un historial altamente profuso de juicios políticos y escándalos sociales. Escaparon a este escenario provincias como Córdoba, Mendoza, Salta, Neuquén, San Luis y hasta la populosa Buenos Aires.
Hay nombres que no se olvidan. En 1998, Jujuy estaba virtualmente paralizada por las huelgas y movilizaciones de los empleados públicos y maestros que reclamaban al entonces gobernador Carlos Ferraro (PJ) el pago de salarios atrasados. La situación empeoró al conocerse irregularidades en el manejo de los fondos públicos, lo que motivó que en la Legislatura se diese curso al proceso de juicio político al primer mandatario. Acorralado y sin poder sortear esta situación, Ferraro renunció a su cargo el 27 de noviembre de ese año. Inmediatamente, la Legislatura aceptó su renuncia y nombró gobernador al vicepresidente primero, en ejercicio de la presidencia, Eduardo Fellner, actual gobernador.
Tampoco la memoria reciente borra la destitución del sanjuanino Alfredo Avelín (Cruzada Renovadora), en 2002, removido de su cargo, vía juicio político iniciado como consecuencia de sucesivas denuncias por irregularidades en el manejo de fondos públicos y sostenidos argumentos sobre su incapacidad para seguir gobernando.




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