Ente que investiga lavado no le reprochó nada al país

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre blanqueo de capitales reconoció que encontró en la Argentina un fuerte interés político en combatir ese delito y ponderó las medidas adoptadas por el Banco Central y el gobierno al crear la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque reclamó un firme ejercicio de la autoridad y la profundización de medidas prácticas para intensificar la lucha contra el lavado. El GAFI fue creado en París en 1989 por el denominado Grupo de los 7 (Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y Japón) y su evaluación sobre la Argentina después de una visita «in situ» que realizaron integrantes de ese organismo de control internacional se acaba de conocer en medio de la polémica sobre la presunta vulnerabilidad de nuestro país para supervisar el blanqueo de activos financieros.

El GAFI está integrado sólo por 29 países -de los cuales el nuestro es un miembro pleno por haber satisfecho las exigencias de ese grupo económico- y dos organizaciones internacionales: la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Los otros integrantes del GAFI son Alemania,Australia,Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza y Turquía. Si bien el informe fue elaborado en febrero del año pasado, guarda vigencia, en medio del conflictivo cuadro de situación financiera que se generó a partir de las denuncias -aún sin probar-de los diputados Elisa Carrió (UCR-disidente) y Gustavo Gutiérrez (Demócrata de Mendoza).

Un resumen del informe del GAFI sostiene lo siguiente:

* Dada su ahora estable y gran economía, y su proximidad con países que están expuestos a las drogas, la Argentina puede ser vista con riesgo de lavado de dinero. Recientes investigaciones de alto perfil mostraron evidencias de que carteles de drogas son activos en la Argentina, y subrayó temores de que podría convertirse en un creciente centro internacional de lavado de dinero. Aunque no hay indicios de otras fuentes de procedimientos ilegales, se cree que los sobornos y el contrabando también podrían contribuir al lavado de dinero que ocurre en la Argentina.

* El régimen argentino antilavado de dinero se basaba en la Ley de Droga N°23.737 promulgada el 10 de octubre de 1989, que criminaliza los narcóticos relacionados con el lavado de dinero, y una serie de comunicaciones dispuestas por el Banco Central de la Argentina a fin de prevenir y detener las actividades relacionadas con el lavado de dinero dentro del sector bancario. Esas comunicaciones requieren instituciones bancarias y centros de cambio para identificar a los clientes; discontinuar las cuentas con terceros usando, obviamente, nombres falsos; prohibir el pago a través de cheques de terceros que superen los 50.000 pesos; reportar al Banco Central los datos personales de los dueños de cuentas donde 50.000 pesos son depositados mensualmente o 200.000 anualmente, y reportar todas las transacciones sospechosas.

* Además de agregar el lavado de dinero como delito en el Código Penal, se creó la Unidad de Información Financiera (UIF).

* Las estipulaciones de la Ley 25.246 refuerzan claramente la lucha contra en lavado de dinero en la Argentina. Un fuerte compromiso político con ese fin fue repetidamente aclarado durante la evaluación de la misma. El UIF deberá tener un marco legal adecuado y los recursos materiales necesarios para mantener su ambicioso rol.

* Para tener éxito, se necesitará crear una gran conciencia pública del problema y de las nuevas sanciones previstas por la ley. La Argentina también deberá profundizar el entrenamiento en todos los niveles del sistema de Justicia criminal.