Ente Ríos: UCR expulsa a diputados por juicio a Montiel

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical decidió esta madrugada expulsar de las filas partidarias a los cuatro diputados que suscribieron el último pedido de juicio político contra el gobernador Sergio Montiel.

La resolución alcanza al presidente de la cámara baja, Julio Rodríguez Signes, así como a los diputados Ana D'Angelo, Adolfo Lafourcade y Hernán Burna. La expulsión, decidida en los primeros minutos de hoy, se funda en que los legisladores "desobedecieron la disciplina partidaria y votaron en forma acusatoria al gobernador Sergio Montiel sin fundamentar su acto", el 16 de abril pasado, cuando el proceso quedó frustrado por el voto negativo del justicialista, Félix del Real.

La decisión del comité radical, adoptada por la mayoría de los miembros presentes, señala que "la situación se agravó cuando (los diputados ahora expulsados) presentaron (el 14 de agosto en curso) un nuevo pedido de juicio político contra el mandatario provincial".

El titular del comité provincial de la UCR, Elcio Viollaz, admitió hoy que a los legisladores rebeldes "se les había dado un tiempo para la reflexión y para ver si había un cambio en sus actitudes, algo que finalmente no ocurrió. Por eso se decidió su expulsión", recalcó.

En fuentes cercanas al gobernador Montiel circuló hoy la versión de que el oficialismo está estudiando la posibilidad de reclamar las bancas de los legisladores expulsados, amparándose en la constitución provincial.

El artículo 51 de la carta magna entrerriana dispone que "los diputados serán elegidos directamente por el pueblo de la provincia en distrito único por un sistema de representación proporcional, pero que asegure al partido mayoritario la mayoría absoluta de la representación".

En tanto, se conoció hoy que el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial número 1, Juan Carlos Coglionesse, dictó una medida cautelar que suspende la sustanciación del nuevo juicio político presentado contra el gobernador Montiel.

De inmediato, el presidente de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, el justicialista, Pedro Guastavino, consideró al fallo como una "intromisión del poder judicial" y anunció que el cuerpo que preside continuará con el estudio del pedido de procesamiento del mandatario.

Coglionesse dictó la medida cautelar al hacer lugar a un amparo presentado por el apoderado de Montiel, Raymundo Kisser, quien pidió que se disponga la "abstención de la sustanciación del juicio político hasta tanto se hubiere dictado una ley que regle el procedimiento y fije las causales".

En ese sentido, el letrado insistió en el planteo del "vacío legal" dentro de lo previsto por la constitución provincial respecto de la figura del juicio político.

El presidente de la Cámara de Diputados, Julio Rodríguez Signes, denunció hoy ante el juez de Instrucción Héctor Toloy, que recibió una llamada anónima en la que se le advierte que deje de insistir ccn el juicio político contra el gobernador, porque de lo contrario matarían a su pequeña hija de tres años.

Según el legislador, en el contestador automático de su teléfono particular quedó registrada la siguiente llamada telefónica: "Unico aviso. Dejáte de romper las bolas, te vamos a hacer cagar la nena. Ni a vos ni a tu mujer, la nena", amenazó una desconocida voz masculina.

El último pedido de procesamiento del gobernador Montiel, el octavo en los últimos cinco meses, fue presentado poco antes de la medianoche del jueves pasado por los integrantes del bloque de diputados de Intransigencia para el Cambio (ex Alianza) y por dos legisladores radicales.

El documento acusa al mandatario entrerriano de mal desempeño en sus funciones y está firmado por los integrantes del bloque intransigente, Santiago Reggiardo, Adolfo Lafourcade, Ana D'Angelo y Manuel Fortuny y por los radicales disidentes, Julio Rodríguez Signes, quien se desempeña como presidente de la Cámara de Diputados, y Hernán Burna.

Entre las causales del pedido se citan el incumplimiento del ejecutivo de la ratificación de la decisión legislativa de declarar nulo el decreto 1.836, de emisión de una nueva serie de bonos.