Escándalo Greco: van a la Justicia contra el gobierno

Política

"Le vamos a pedir a la ministra esta semana información puntual sobre la liquidación que se hizo con la deuda del Grupo Greco. Tenemos dudas sobre la defensa que se está haciendo del Estado nacional.» Así anunciaba ayer el radical Gerardo Morales, presidente del comité nacional partidario, la intimación que los senadores de la oposición enviarán a Felisa Miceli para acelerar la investigación de ese escándalo que afectó al gobierno en diciembre pasado.

El radicalismo ya comenzó a recibir algunos informes de la Auditoría General de la Nación sobre el cálculo de la deuda del Estado con el Grupo Greco. La intervención de la Auditoría en este tema fue decidida por el voto de todos los partidos en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas en diciembre pasado. Sobre esa investigación es que los radicales intimarán por segunda vez -antes de avanzar en una denuncia penal que ya analizana Miceli para que informe al Congreso los parámetros sobre los que realizó la liquidación la Justicia y luego el Ministerio de Economía.

Morales, además presidentedel bloque de senadores y motor de las denuncias por este caso en el Congreso, realizará una presentación a Economía esta semana reclamando saber cómo se computaron todos los rubros del convenio que el Grupo Greco firmó con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987 para resarcirlos de los desajustes que provocó la intervención de ese grupo mendocino por el gobierno de la dictadura en 1980.

  • Poco claro

    Se argumenta, con información previa de la Auditoría, que no queda claro si se tuvieron en cuenta tanto los débitos como los créditos que incluía el convenio del Estado con los Greco. Dice la UCR que los integrantes del grupo mantenían deudas impositivas y previsionales que fueron incluidas en el acuerdo por el que se les restituyeron entonces 10 empresas y cedieron al Estado 35 inmuebles y empresas para cancelar las obligaciones fiscales. La valuación y el cómputo del cruce de esos activos -que incluían desde vino y tierras hasta compensación por trenes incautados-pasarán a ser ahora el centro del nuevo capítulo de la investigación de los senadores.

    «Nosotros vemos que en ningún momento Economía aparece defendiendo los créditos del Estado y sí reconociendo la deuda a los Grecco», decía ayer Morales, que hace un mes inició también una investigación sobre cómo defendieron al fisco los abogados oficiales en este caso durante los últimos 20 años, «Existió un informe donde dice que la deuda era de $ 135 millones, y cuando llegó al Congreso estábamos emitiendo bonos para pagarla por casi $ 600 millones», siguió el radical.

  • Preocupante

    La intervención de la Auditoría Nacional en el tema es uno de los puntos que más preocuparon al gobierno. Se decidió casi al mismo tiempo que la UCR reclamaba en diciembre en el Senado la apertura de una comisión investigadora no sólo para el caso del pago a los Greco, sino también para todo el sistema de pagos de deuda consolidada del Estado.

    Fue previo a la decisión de Economía de investigar el proceso y a que Cristina Kirchner y Alberto Fernández ordenaran durante un almuerzo en la Residencia de Olivos que el gobierno se pusiera a la cabeza de la investigación de por qué se había decidido acelerar ese pago al ex grupo mendocino y con qué liquidación.

    El capítulo judicial de la saga del pago a los Greco es uno de los más complicados de toda la historia. Se argumenta que los abogados del Estado no apelaron la sentencia de la Justicia, que recayó el 28 de diciembre de 2001, un momento en que el país se debatía en medio de su peor crisis.

    Previamente, en 1998, el gobierno había dispuesto que una comisión evaluara la posibilidad de cumplimiento del acuerdo firmado en 1987, pero la gestión no prosperó.

    Así, en agosto de 2006, la Justicia le ordenó a Economía que procediera al pago de la sentencia contra el Estado en los juicios que los Greco habían iniciado por incumplimiento del convenio firmado en 1987, más las astreintes diarias de $ 500. Citó en el ese momento a Alfredo Mc Laughlin, ex secretario de Finanzas, para que se presentara a declarar en la causa por desobediencia. Esa notificación se eludió al punto que luego, como ya se relató, los oficiales de Justicia tuvieron que concurrir al 10º piso del edificio del Ministerio de Economía para pegarla en la puerta de su despacho.

    Al día siguiente de ese hecho, se firmó la Orden de Pago 285 que ordenaba al director nacional de Deuda Pública realizar el pago.

  • Involucrados

    Esa nomina de pagos, ratificada en la planilla oficial de deuda pública consolidada, incluye $ 123,6 millones para José Greco, Oscar Francisco Greco y Héctor Osvaldo Greco, cada uno, otros $ 61,8 millones a Libertad Graciela Bassil y Jorgelina Bassil en partes iguales, y $ 104,4 millones a Margarita Granzotto de Greco.

    Fue entonces cuando, ante la inexistencia de bonos disponibles para la cancelación, se decidió pedir autorización al Congreso para incrementar el límite de deuda emitible en 2006. Como en toda decisión de ese tipo, más aún cuando se hablaba de un pago de $ 578 millones, intervinieron toda la línea de funcionarios del ministerio y la propia Miceli. Finalmente,se incluyó ese pago dentro de otras prioridades en espera como cancelación de deudas previsionales y a ex integrantes del PPP de YPF, lo que totalizó un paquete de nueva deuda de $ 1.300 millones que el Congreso debía aprobar.

    Pero «algo» sucedió en el medio, por lo que en el proyecto se decidió, quizá, no irritar al Congreso y enumerar los bonos para el pago a los Greco dentro del rubro «Pago a proveedores».

    En Diputados, el pedido se aprobó sin cuestionamientos, pero el radicalismo del Senado puso la lupa sobre el destino de esos nuevos bonos. Las aclaraciones por parte del Ministerio de Economía no hicieron otra cosa más que alimentar dudas. El propio oficialismo ofreció a la oposición -fue durante una reunión de senadores en el despacho del jujeño Gerardo Morales-bajar el pago a los Greco del paquete de bonos. Semejante claudicación del gobierno, cuando la oposición hasta ese momento sólo había pedido explicaciones, despertó aún más dudas. Al día siguiente, el propio Miguel Pichetto anunció que por pedido expreso del Poder Ejecutivo, todo el proyecto de ampliación se congelaba.

    Poco después, Miceli curiosamente dispuso iniciar una investigación sobre sus propios funcionarios para dilucidar quién aprobó la liquidación de fondos a pagar y por qué se apresuró el polémico pago.
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