Escándalo de la valija: la jueza pidió arresto preventivo de Antonini

Jorge Taiana

Mientras el FBI reconoció ayer que está investigando al venezolano Guido Antonini Wilson, lo hizo su director Robert Mueller en Miami, en Buenos Aires la jueza Marta Novatti analizó los requisitos técnicos para pedir al gobierno de EE.UU. un arresto preventivo del venezolano que intentó ingresar al país con el maletín con u$s 800 mil sin declarar, previo a la tramitación del pedido de extradición. De todas formas, salvo por las afirmaciones del gobierno argentino, siempre interesado en que el escándalo del maletín se limite a un conflicto entre Antonini Wilson y el gobierno de Hugo Chávez, ningún funcionario del FBI confirmó ayer la ubicación del venezolano, aunque tampoco nadie desmintió en los últimos 20 días que estuviera residiendo tranquilamente en su casa.

«No puedo hablar sobre esta materia porque está bajo investigación», dijo Mueller ayer en Miami tras reunirse con los servicios de seguridad en la Florida. Alimentó así la tesis que se sostiene tanto en Caracas como en Miami de que Antonini Wilson está en contacto con el FBI desde 24 horas después de su llegada a ese país y que el anuncio a Interpol-Argentina sobre su hallazgo sólo fue un blanqueo de esa situación ante el gobierno argentino.

Desde ese día el FBI viene reiterando que no puede hacer comentarios sobre el tema y que desconoce cualquier información sobre el paradero del venezolanoestadounidense.

Pero mientras el gobierno argentino sostiene que Antonini Wilson ya fue notificado del pedido de detención en su contra por parte de la jueza Novatti y por ello no puede abandonar los EE.UU., en Miami la historia que se relata es absolutamente opuesta.

Ayer se insistió en que mientras un juez estadounidense no libre la orden de detención, ninguna fuerza de seguridad en ese país puede restringir sus movimientos.

Para eso, Novatti intentaría cursar un pedido de arresto preventivo. Ayer en su juzgado se informó que esa «orden de detención con fines de extradición» se enviaría en las próximas horas a la Justicia estadounidense, pero Jorge Taiana en la Cancillería, camino por el que también deberá cursar el pedido formal de extradición, no recibió aún ningún pedido de la magistrada.

Esa detención preventiva está contemplada en el artículo 11 del Tratado de Extradición con Estados Unidos, aprobado en el gobierno de Carlos Menem, por la Ley 25.126 y puede demorarse sólo por 60 días. Si en ese lapso no se tramita la extradición o el juez norteamericano no considera pertinente, como se presume, la entrega del prisionero a la jueza argentina, Antonini recuperará automáticamente la libertad.

Es por ese tratado de extradición que los pedidos de detención que libra Interpol ya no son efectivas en los EE.UU., si antes no son aceptados por un juez de ese país, previo cumplimiento de los requisitos formales.

Paso previo

El pedido de arresto preventivo es un paso previo a la solicitud de extradición y consiste en un pedido de juez a juez por vía diplomática, destinado a que se disponga en Estados Unidos, siempre que el juez allí considere que los cargos contra el imputado son suficientemente graves y fundados, la detención de Wilson. Ese trámite se complica también políticamente porque Antonini Wilson es estadounidense y se sabe de la reticencia absoluta de ese país en entregar a nacionales suyos complicados en juicios en el extranjero.

Para prueba basta recordar que los EE.UU. llegan a exigir inmunidad penal absoluta hasta para sus soldados cuando participan en ejercicios militares en cualquier país. Mucho más precaución habrá entonces con un testigo calificado como Antonini Wilson por su pasada cercanía con los negocios del gobierno de Chávez.

Una vez que Novatti envíe el exhorto a la Cancillería, ésta lo remitirá a la Embajada argentina en Washington. Recién después de ese trámite, comenzaría el papelerío para la extradición.

La orden de detención emitida por Interpol se cursó después de que el 16 de agosto Novatti ordenara el arresto de Antonini Wilson para ser interrogado por el delito de presunto «contrabando en grado de tentativa».

Mientras Antonini está en Miami, en Caracas siguen sin conocer qué conversaciones pudo mantener ya el « valijero» con los investigadores del FBI. Por lo pronto, ayer cambió la actitud en el gobierno de Chávez sobre la investigación y se habló por primera vez de colaboración con la Justicia argentina. Rafael Ramírez, presidente de PDVSA anunció que la empresa -a la que pertenecían los pasajeros venezolanos del avión de ENARSA que llegó a Buenos Aires el 4 de agosto junto con el invitado del hijo del ya renunciado Diego Uzcátegui, Antonini Wilson- colaborará en la investigación del caso. «La fiscalía está trabajando y está presta a dar la colaboración que se nos solicite», dijo ayer en Caracas. «En PDVSA no hay manera de que podamos evadir los mecanismos de control», dijo, pero luego reconoció: «Dentro de una empresa tan compleja, que hace transacciones de todo tipo, todos los días, nosotros tenemos casos que estamos investigando. Yo debo recordar que Petróleos de Venezuela está sujeta a todos los mecanismos de control de la administración pública. Todos, no hay manera».