La CGT repudió el espionaje ilegal "M": "Esas prácticas atentan contra la democracia"

Política

El Consejo Directivo de la central obrera se solidarizó con las víctimas del espionaje y manifestaron su "apoyo" al juez Federico Villena.

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) expresó su “absoluto” repudio a las prácticas de espionajes ilegales realizados durante la gestión de Mauricio Macri y reclamaron investigar a los responsables hasta llegar a las últimas consecuencias.

“Destacamos el valor de la denuncia que sobre este tema realizaron las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se corresponden con la transparencia y el rol que dicho organismo debe cumplir en el ejercicio de sus facultades, ajustadas al derecho y a la garantía de los valores democráticos”, sostuvieron los integrantes del Consejo Directivo de la central obrera.

Además de expresar “solidaridad” con las víctimas del espionaje, los jefes cegetistas manifestaron su “apoyo” al juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, a cargo de la causa. “Confiamos llevará adelante las investigaciones que determinen las responsabilidades de todos los involucrados en la causa hasta las últimas consecuencias”, afirmaron.

Según la CGT, las prácticas reveladas “violan el más elemental derecho a la privacidad de las personas, vulneran las garantías constitucionales y atentan contra la democracia y el Estado de derecho”. Entre las víctimas figuran Hugo y Pablo Moyano, quienes ya fueron notificados de pruebas que demuestran el espionaje en su contra.

“El espionaje interno y las operaciones de inteligencia a ciudadanos y dirigentes políticos están prohibidos por la ley y constituyen un gravísimo atropello a la integridad personal, contraria a la vigencia de los derechos y los valores de la democracia”, aseguraron los gremialistas, y remarcaron que la CGT denunciará “siempre estas conductas provengan de donde provengan, y reclamamos una investigación seria con sanciones severas a quienes las cometan”.

Por último, el Consejo Directivo, que encabezan los co-secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, abogó por un “fortalecimiento” de las instituciones en el marco de la democracia y del respeto a las garantías constitucionales, para que las fuerzas de seguridad u organismos dependientes del Estado no “pretendan imponer mecanismos de control social cuyo fin sea perseguir o atentar contra la pluralidad de ideas, la diversidad política, el pensamiento crítico ni la libertad de expresión”.

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