El jefe de Gabinete se sometió ayer al examen mensual del Congreso. Les tocó a los senadores; la oposición intentó comprometer al gobierno con Misiones y San Vicente, pero eludió respuestas solventes.
«Me llevo la preocupación de la retención sobre el poroto, voy a hablar con la ministra de Economía», fue el primer comentario de Alberto Fernández ayer en el Senado, luego de haber escuchado las duras quejas de la oposición sobre el deterioro institucional reflejado en las elecciones de Misiones y en los violentos enfrentamientos sindicales del 17 de octubre en San Vicente.
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El jefe de Gabinete superó su exposición pública de informes sin sobresaltos. Asentía con su cabeza y con una sonrisa las duras criticas de la UCR, lideradas por el jefe de bloque Ernesto Sanz y por el jujeño Gerardo Morales, atendía su celular mientras Adolfo Rodríguez Saá le reclamaba que San Luis era discriminada en el reparto de fondos y hasta expresó su «placer» de visitar el Parlamento para brindar los informes que mensualmente le exige la Constitución nacional, aunque la de ayer fuera la segunda vez en el año que pisaba la Cámara alta.
Un total de 236 preguntas le presentaron los radicales por escrito. En el recinto, la embestida radical la inició el santiagueño José Luis Zavalía: «Usted formó parte del gobierno del actual senador Carlos Menem y de Domingo Cavallo. En esa época también estábamos asombrados por los índices económicos de crecimiento, pero después caímos en una gran desgracia. Si estamos en esa senda de crecimiento me pregunto por qué hoy como nunca la libertad de expresión se ve tan afectada según los organismos internacionales, nacionales, y hay una discriminación en la destinación de fondos públicos a los medios».
Sin perder la calma, Fernández desestimó las acusaciones: «No conozco un solo periodista que haya presentado una denuncia por haber recibido presiones del gobierno. Todos trabajan con libertad. Lo mismo ocurrió con el Consejo de la Magistratura, que fue utilizado por la oposición para denunciar deterioro institucional, pero ningún juez avaló esas denuncias en los tribunales», replicó el jefe de ministros.
Con más de 30 senadores ausentes, el debate transcurrió de manera ordenada y con una Cristina Fernández de Kirchner que permaneció poco tiempo en su banca. Fernández equiparó los pronósticos negativos que a fines del año pasado indicaban un inminente brote inflacionario con la tan anunciada crisis energética. «Cada vez que vengo tengo que desmentir sobre lo que nunca ocurre. Nunca en estos tres año dejé de ser consultado por la crisis energética y un país que crece a 9% necesita desarrollar la energía. Mejoramos obras de infraestructura en todo el país. Vamos a generar más energía en Yacyretá y en Atucha. Con la ambición que siempre tenemos, que no es desmedida como muchos dicen, calculamos 1.400 millones de pesos de inversión en Atucha. Se temía un colapso por el gas que Bolivia exportaba a la Argentina, pero el convenio de 2004 fue ratificado recientemente con Evo Morales, y queremos alcanzar el nivel de 37 millones de metros cúbicos de gas de Bolivia. Además, analizamos trabajar juntos en una central termoeléctrica para evitar la crisis energética».
Jueces amenazados
Los radicales también interrogaron a Fernández sobre las amenazas e intimidaciones a jueces. Pero el tema central con el que la oposición hostigó al jefe de Gabinete fue Misiones. «Está claro que el fuerte de la gestión del gobierno es el plano económico. Pero se deteriora la calidad institucional con casos como el de Misiones, donde hubo DNI truchos para votar. Destacamos como positivo que el presidente haya frenado las reelecciones y reaccionado a tiempo, pero tenemos la duda de que la actitud de (Néstor) Kirchner esté lejos de ser un acto reflexivo y que sea un temor a un efecto electoral adverso». Enseguida, Fernández intentó desvirtuar la versión opositora según la cual el país crece económicamente, pero se deteriora institucionalmente: «Me asombra que frente a tanta posibilidad de debatir se diga que este gobierno afecta la calidad institucional. Este gobierno nunca declaró el estado de sitio, ni levantó el programa de Mirtha Legrand o de Pepe Eliaschev, ni se alteró miembros de la Corte, como pasó entre el 83 y el 89. Nunca armamos una Corte al servicio del poder político, y en cambio nombramos jueces probos e independientes», aseguró el jefe de Gabinete.
El jujeño Morales fue el encargado de descargar la munición radical por el tema del caos y los balazos entre sindicalistas en San Vicente: «Hay una consulta hecha por el diputado Pedro Azcoiti al ministro del Interior por sus dichos en el 'Canal 4' de Necochea. Allí admite tener identificados a los grupos que pagaron los micros, el alcohol y las drogas. Si todo esto está identificado, hay que llevarlo a la Justicia», disparó Morales ante la sonrisa casi paternalista del funcionario kirchnerista.
El jefe de Gabinete le respondió que «lo que ocurrió fue oprobioso y está interviniendo la Justicia. Políticamente, ya sabemos quiénes son los responsables y quién era el destinatario último. Como no me gusta ser hipócrita, no me hagan hablar de lo obvio».
El jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, dio la nota de color: hizo un mea culpa por haber sido oficialista en la década del 90, criticó a las que son exageradamente republicanos y dijo que la Corte se completaría, o no, cuando el Presidente lo decida. Antes, Fernández había ensayado una despedida: «Si existiera algún medio de no hablar de espaldas a los senadores, para mí sería muy grato. Ya antes traté de hacerlo desde un atril, pero también es muy incómodo».
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