Evo manda inspectores

Dar empleo y condiciones dignas es misión del gobierno que tiene en la Argentina el límite no sólo de los recursos o el ingenio político para acertar en medidas eficaces. Es el límite que ponen las fronteras porosas de la Argentina. Un país con tradición de inmigrantes no puede cerrar fronteras como lo hace Europa, y eso le complica más las cosas por la llegada del trabajo esclavo que ahora el gobierno descubre en la Capital, como si no tuviera décadas. El destape de esa realidad ominosa produce hechos insólitos, como que Evo Morales haya ordenado que un grupo de funcionarios viaje desde Bolivia a examinar las condiciones de trabajo de los nacionales de ese país en la Argentina. Caso notable de globalización producido por un país que envía trabajadores ilegales y agrega ahora inspectores laborales para suplir las falencias de los inspectores locales.

Las manifestaciones de la comunidad boliviana, esta semana, por reclamo ante el cierre de talleres de costura donde se empleaban, tuvieron eco en el gobierno de Evo Morales, que envía una delegación a la Argentina por el tema.

El conflicto desatado con la comunidad boliviana en la Ciudad de Buenos Aires por la clausura de talleres de costura donde se desempeñaban personas de esa nacionalidad promovió que una delegación de Bolivia viaje a la Argentina para conocer el tema, además de denuncias, manifestaciones de protesta y repudio al trabajo esclavo de diferentes organizaciones.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, al derivar el tema de las habilitaciones y falta de controles en la Ciudad al de la situación de inmigrantes ilegales explotados, supuestamente en condiciones «de esclavitud», desató casi un conflicto internacional, a la vez que abrió varios frentes de disputa con el gobierno nacional, mientras trata de organizar la estructura de su gabinete.

Además, el Gobierno porteño continuó ayer con los operativos de inspecciones, destinados a detectar talleres textiles clandestinos, mientras que fue denunciado el cónsul boliviano y detenidas tres personas de esa nacionalidad, que aparentemente explotaban a compatriotas en una villa de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy serán interpelados por tres comisiones legislativas los ministros de Producción, Enrique Rodríguez, y de Gobierno, Diego Gorgal, en referencia al incendio que provocó la muerte de seis personas -entre ellas cuatro niños- la semana pasada, lo que para Telerman obedeció al «trabajo esclavo» que se llevaría adelante juntamente con la inmigración ilegal en el país.

Rodríguez aseguró que habría 15 mil personas trabajando en esas condiciones, mientras que el Gobierno porteño eludió responsabilidades con respecto a la habilitación del local de la calle Luis Viale, donde ocurrió la tragedia que desató la mecánica de operativos conjuntos entre la Ciudad y la Nación.

Sobre ese aspecto es que quieren interrogar los legisladores. Las preguntas surgen cuando se cumple un mes de la destitución de Aníbal Ibarra y casi cinco meses de la estada de Telerman a cargo de la jefatura del Gobierno de la Ciudad. En cambio, el accidente encuentra al ministro Rodríguez, un especialista en temas laborales, a tres días de asumir su puesto, aunque se venía desempeñando en la Ciudad como titular de la Corporación Sur.

Operativos

Sin embargo, ese ministro salió a batallar la circunstancia que trata de acotarse a un tema laboral, que derivó a la vez en que Telerman inmediatamente de ocurrido el incendio aceptara la renuncia del responsable del área.

La situación de Gorgal es diferente. Estaba, hasta el martes pasado cuando asumió como ministro, a cargo de la Secretaría de Seguridad que le dejó Juan José Alvarez, asumido luego de la tragedia de Cromañón. Gorgal presentará a los legisladores un detalle de los operativos que realizó después que la Defensoría porteña, en enero pasado, diera el alerta sobre el presunto funcionamiento de talleres de costura donde serían explotados bolivianos.

El ministro de Gobierno, de todos modos, mantuvo reuniones previas a la interpelación de hoy y conversaciones con legisladores de distintas bancadas para llegar en tono amable al salón Montevideo de la Legislatura porteña, donde piensa hacerse el interrogatorio con los miembros de las comisiones de Desarrollo Económico, Legislación General y Seguridad.

Tras el incendio y la clausura ya de 52 talleres, el Gobierno de la Ciudad alojó a más de 90 personas que vivían en esos locales de trabajo, en un polideportivo porteño, lo que será también motivo de preguntas, especialmente sobre cómo seguirá esa situación.

Delegación

Por otra parte, una misión gubernamental de Bolivia llegaría este fin de semana al país para reunirse con autoridades argentinas y representantes de bolivianos víctimas de la presunta explotación laboral, según indicó el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca.

La delegación la integrarán funcionarios de Exteriores, Justicia y Trabajo.

Choquehuanca dijo que en la Argentina «casi todos bolivianos son explotados, pero necesitan trabajar».

«Tienen que defender sus fuentes de trabajo. Han ido a eso, allá hay explotación, pero, por lo menos, ellos dicen: podemos mandar mensualmente 50 dólares a familiares, y eso es lo que defienden», aseguró el ministro.

Los funcionarios bolivianos, además de actuar a modo de inspectores de la situación en que están sus compatriotas, intentarían buscar una solución, para que continúen trabajando en la Argentina. Ayer, tres ciudadanos bolivianos fueron detenidos acusados de reducir a servidumbre a varias personas en un taller clandestino de costura, ubicado en la villa 31, de la Ciudad de Buenos Aires. En el taller trabajaban 16 personas, entre ellas dos menores de edad, luego del procedimiento que se realizó en dos viviendas, de la manzana 21, señaladas con los números 34 y 40.

Ayer, la Liga por los Derechos del Hombre denunció penalmente al cónsul de Bolivia en Buenos Aires, Albaro González Quint, por su presunta responsabilidad en el traslado irregular de ciudadanos de su país para trabajar en la Argentina supuestamente en condiciones inhumanas. La presentación se hizo ante el juez federal Norberto Oyarbide por la supuesta violación a la Ley Nacional de Migraciones y se acusó a González Quint de integrar una supuesta «red ilícita que actúa internacionalmente». El abogado de la entidad, Rodolfo Yanzón, pidió al juez Oyarbide que ponga en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores la existencia de la denuncia penal.

Por su parte, la CGT emitió un comunicado firmado por Hugo Moyano en el que planteó: «¿Tuvieron que morir seis personas para que se descubriera la cadena de complicidad que existe para que prospere este sistema perverso donde se esclaviza a familias enteras?».

La CGT denunció que «grupos de empresarios textiles manejan este tipo de esclavitud desde las sombras, persiguiendo el fin de evitar el pago de impuestos», en el comunicado firmado además, por José Luis Lingieri y Juan Manuel Palacios.