Femenina hasta la muerte

Cristina de Kirchner quiere que su revolución feminista llegue hasta los DNI de todos los recién nacidos. Por eso en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso incluyó un proyecto de ley que obliga a inscribir en el Registro Civil a las personas con su apellido materno en primer lugar. El kirchnerismo luce así dispuesto, en su versión cristinista, a invadir no sólo la intimidad inmobiliaria de las personas para controlar cuántos aparatos de aire acondicionados necesitan en verano para no pasar calor. Ahora también quiere el gobierno que los argentinos lleven marcado a muerte en los documentos su identidad materna. Un cambio cultural que el oficialismo pretende propinar por ley y sin debate en el Congreso.

Eduardo Fellner

El matriarcado kirchnerista se podría extender a partir de febrero a todos los recién nacidos en la Argentina, quienes estarán obligados a lucir en su Documento Nacional de Identidad el primer apellido de su madre. Sólo a pedido de los progenitores podría agregarse el del padre. El sistema rige en Portugal.

Uno de los temas incluidos en el decreto de Cristina de Kirchner convocando a sesiones extraordinarias es el proyecto de «ley de nombre», que deroga la Ley 18.248, según se publicó en el Boletín Oficial. Esa iniciativa establece en su artículo 4 que «los hijos llevarán el primer apellido de la madre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto de la madre o agregarse el paterno. Si el interesado deseara llevar el apellido compuesto materno o el paterno, podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas desde los dieciocho años».

Esto significa que de aprobarse el texto del proyecto tal cual fue presentado en noviembre pasado por las kirchneristas Nora Cesar (Buenos Aires) y Ana Monayar ( Córdoba), el matriarcado cristinista se extenderá a todos los recién nacidos, quienes deberán ser anotados en el Registro Civil de las Personas con el apellido materno encabezando su Documento Nacional de Identidad. El tema generará un áspero debate en la Cámara baja, presidida por Eduardo Fellner.

Hasta ahora, la regla era exactamente la inversa. Los hijos debían ser inscriptos con el apellido paterno y, a pedido de los progenitores, podía agregarse el materno. Pero la Presidente, que ordena a sus subordinados llamarla presidenta, apunta ahora a reflotar el rol de la mater familiae.

En el artículo 5, el proyecto, que apunta a derogar la Ley 18.248, establece además que «el hijo reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere su apellido. Si es reconocido por ambos simultánea o sucesivamente adquiere el apellido de la madre. El padre que reconociere al hijo con posterioridad a su nacimiento podrá solicitar la inscripción adicional de su apellido. El hijo cuyo reconocimiento materno fuese posterior a su nacimiento, podrá con autorización judicial, dentro de los dos años de haber cumplido los dieciocho o de su emancipación, solicitar la inscripción del mismo».

Otra modificación que introduce el proyecto a debatir en sesiones extraordinarias es que «el derecho a elegir el nombre de pila se ejercerá libremente. Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas. Asimismo, podrán inscribirse primeros nombres idénticos a los de uno o más hermanos vivos, siempre y cuando uno de los nombres de pila permita individualizar a cada uno de ellos» (artículo 3).

Alternativas

El kirchnerista Luis Cigogna, titular hasta el año pasado de la Comisión de Justicia, una de las encargadas de dictaminar sobre el tema, explicó a este diario que el decreto de la Presidente habilita el tratamiento del tema y no de un proyecto en particular, por lo que las cámaras del Congreso podrían también terminar aprobando otro de los proyectos sobre la Ley de Nombre que no la derogan pero la modifican. Es que otra de las iniciativas debatidas el año pasado en el Poder Legislativo establecía la obligación de que los niños lleven el apellido del padre y también el de la madre, en ese orden. Ese expediente había obtenido dictamen durante la segunda mitad del año pasado en el Senado, pero al haber cambiado la composición de la Cámara el 10 de diciembre, deberá ser discutido nuevamente en la Comisión de Legislación General.