Entre Ríos - El gobierno del radical Sergio Montiel dispuso la derogación del pago de adicionales por antigüedad a funcionarios y un tope de 4.500 pesos (3.600 de bolsillo) a las remuneraciones de los empleados públicos activos, pasivos y funcionarios del Poder Ejecutivo. De esta forma, sus salarios no podrán superar 90% del sueldo en bruto que percibe el gobernador.
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La decisión se enmarca en el compromiso de ajuste del déficit acordado con Nación, por el cual la provincia debe achicar este año ese rojo en $ 100 millones en relación con 2001.
En tanto, ayer Montiel le aceptó la renuncia al ministro de Gobierno, Enrique Carbó, quien en las últimas semanas recibió fuertes cuestionamientos por parte de la oposición.
• Excepciones
En el decreto que define los ajustes quedan exceptuados los legisladores y los funcionarios y magistrados judiciales. «Por ello en el mismo decreto invitamos» a esos dos poderes «a aplicar una medida similar», explicó el ministro de Hacienda entrerriano, Oscar Berón.
Otra medida de ajuste -que se anunciaría hoy- será la eliminación en forma transitoria del sueldo anual complementario 2002, con objeto de no afectar el salario básico y los adicionales de los trabajadores.
Este último tijeretazo ahorraría $ 60 millones, mientras que el resto «estará complementado con la reducción de gastos de funcionamiento y recursos afectados, lo que implicaría la disminución de obras para alcanzar esta cifra», dijo Berón.
Por su parte, la derogación del Decreto 158 -que reconocía la antigüedad para funcionarios- representará un ahorro de cerca de $ 118 mil mensuales. «No tienen incidencia directa» en el recorte del déficit, «pero sin dudas representa un gesto acorde con el momento de crisis que estamos viviendo», evaluó Berón. De hacer correctamente los deberes, la provincia contará con un financiamiento de $ 228 millones por parte de Nación.
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