Fiscal abre una investigación contra Bonafini por las amenazas a la Corte

Tras encendidas amenazas a la Corte Suprema, presentan tres denuncias penales contra la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

El fiscal federal Gerardo Di Massi requirió la apertura de una investigación contra la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por presuntas "amenazas" vertidas en un discurso el pasado martes frente al Palacio de Tribunales, en una convocatoria a favor de la Ley de Medios.

Fuentes judiciales informaron que así lo dictaminó mediante un escrito presentado ante el juez federal Claudio Bonadío, quien fue designado por la denuncia realizada a primera hora del día por parte del abogado Denis Pitté Fletcher.

En las próximas horas -según las fuentes judiciales- Bonadío pediría a distintos canales de televisión que realizaron la cobertura del acto frente a Tribunales en el que habló Bonafini, que le remitan al juzgado los videos respectivos.

Al presentar la denuncia, el abogado Pitté Fletcher hizo alusión a parte del discurso de Bonafini en el escenario montado en la Plaza Lavalle, el pasado martes: "No dejemos la calle, la calle es nuestra. Arranquémosle a la Corte el fallo. Si tenemos que tomar el Palacio (de Justicia) tomémoslo. Hay que arrancarle a la Corte lo que es del pueblo", figura en la presentación.

Pitté Fletcher acusa a Bonafini por el artículo 149 bis del Código Penal que prevé penas de prisión de cinco a diez años cuando "las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos".

"El hecho denunciado resulta, a mi juicio, uno de los más graves desde la recuperación de la democracia, en tanto pretende avasallar la independencia del Poder Judicial de la Nación, nada menos que en su cabeza máxima, la Corte Suprema", consideró el abogado.

Además, tildó de "insólito avasallamiento" la conducta de la titular de las Madres, y aseguró que "pone en serio peligro las instituciones y la libertad de los argentinos pues la presión ejercida sobre el Tribunal puede conducir a su pérdida de independencia y a la afectación de la sagrada misión de juzgar".

En la denuncia, el letrado también acusó a Bonafini por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 212 del Código Penal que estipula penas de prisión de tres a seis años a quien "públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación".

La otras dos denuncias realizadas por otros abogados particulares recayaron en los juzgados de Daniel Rafecas y de Sergio Torres, luego del sorteo realizado por la Cámara del fuero.