El fiscal federal Federico Delgado pidió al juez federal Claudio Bonadio que investigue si la empresa TBA pudo haber desviado los subsidios que recibía del Estado hacia emprendimientos comerciales en el exterior.
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Paralelamente, la Sala II de la Cámara Federal convocó a una audiencia para el 9 de abril próximo a fin de evaluar la recusación hacia Bonadío planteada por el abogado querellante Gregorio Dalbón, representante de varias víctimas del accidente.
Delgado presentó un escrito ante el juez en el que pidió que se cite como testigo a Fernando Miguez, titular de la ONG "Fundación por la Paz y el Cambio Climático", quien aportó en la fiscalía un informe sobre supuestas empresas en el exterior que serían de los hermanos Cirigliano, a cargo de la concesión de TBA.
Según el escrito del fiscal, en ese informe se hace un "recuento de las empresas que estarían vinculadas al grupo Cirigliano a nivel nacional como en el extranjero", y podría inducir "a grandes rasgos, la trazabilidad de la ruta del dinero de los subsidios estatales entregados" a TBA.
Para el fiscal "Miguez expresa que los dueños de TBA desviarían los fondos recibidos por subsidios hacia sus inversiones en el extranjero, como las empresas "Coach USA EE.UU", "Coach Miami", "Coach Canada" y "Stagecoach group company", entre otras, y las cuales serían de "transporte de larga distancia de alta categoría".
"Si esto es así Señor juez, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo es posible que los dueños de TBA presten un servicio de lujo en el exterior y en su país, pese a los millonarios subsidios recibidos por el Estado, proporcionen un transporte ferroviario con las deficiencias apuntadas en los informes de la Auditoría General de la Nación del año 2005 al 2012? Nos parece que no hace falta responder a esta pregunta", añadió.
El juez Bonadío ya ordenó un peritaje contable sobre los subsidios que recibía TBA y cómo se instrumentaban para garantizar el funcionamiento y mantenimiento de las formaciones.
Delgado volvió a reclamar copias de la causa, como viene haciendo desde semanas, y a partir de lo cual desató una pelea en duros términos con el juez, a quien acusó de apropiarse de la investigación.
El fiscal aseguró que cada vez que personal a su cargo pidió en el juzgado el expediente, se le informó que estaba "a la firma" del magistrado y no podía ser consultada.
En tanto, la sala II de la Cámara Federal porteña convocó para el 9 de abril próximo a una audiencia para empezar a evaluar la recusación del juez por parte del querellante Gregorio Dalbón, representante de algunas de las víctimas del accidente.
Dalbón presentó la recusación luego de que el magistrado aceptare como particular damnificado al Estado Nacional.
Por lo pronto, aún se desconoce el resultado de las pericias técnicas practicadas sobre la formación de TBA siniestrada, sobre la cual el juez aplicó el secreto de sumario.
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