Fiscales indagan la omisión de pruebas
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Solá confirmó ayer que se eliminaron pruebas en el Puente Pueyrredón, con la aparente intención de dificultar el esclarecimiento de los crímenes.
« Los detenidos se negaron a declarar para ganar tiempo, como me ha comunicado el fiscal de la causa, pero esto no nos paralizará en nuestra misión fundamental que es respaldar a la Policía en su lucha contra la delincuencia y controlar a través de jefes policiales idóneos nuestro accionar frente a los problemas que plantea la protesta social en el orden público», afirmó Solá.
El mandatario insistió en que «quien estuvo a cargo del operativo y quienes fueran sus superiores departamentales no tomaron el más mínimo recaudo para que frente a la ausencia de esa negociación (con los piqueteros) no existiera lo que existió: el descontrol, el asesinato, el matonismo».
Por su parte, el procurador De la Cruz calificó como «muy mal hecho y muy mal organizado» el operativo policial dispuesto para evitar el corte del puente.
« Habría que haber hecho otro despliegue de fuerza, haber controlado más y una serie de cosas que no se hicieron. Alguien que dé órdenes para todas las fuerzas que actúan», opinó el funcionario.
« Si probamos los hechos lo van a condenar», expresó el procurador en referencia a Franchiotti, sospechado de haber efectuado el disparo que mató a Santillán.
El funcionario consideró que «la Justicia de la provincia de Buenos Aires no es la Justicia de la Capital Federal. Es absolutamente independiente, no es presionable y lo ha demostrado».
Ayer, nuevos testimonios identificaron a civiles que dispararon, supuestamente, policías sin uniforme. Tres manifestantes heridos aseguraron que los disparos los efectuaron personas de civil a las que habrían identificado en fotografías, y otra testigo aseguró que también gente de civil «rompía vidrieras» y que después « esas personas estaban junto a los policías».
• Plazo
El fiscal Juan José González se tomará los treinta días de los que dispone para decidir si solicita la prisión preventiva de los cuatro policías detenidos, entre ellos el comisario a cargo del operativo, Alfredo Franciotti.
Por otra parte, a las agrupaciones de desocupados preocupaba ayer las amenazas de muerte que recibió el abogado Marcelo Pandolfi en su contestador telefónico, con la idea de que haya grupos que intenten generar un hecho detonante contra la instrucción que se está llevando adelante.
Los diputados Patricia Walsh (Izquierda Unida) y Marcela Bordenave (ARI) concurrirán a los tribunales de Lomas de Zamora con una presentación de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Aseguran que vieron dentro de la Comisaría 1ª de Avellaneda, el día de los piquetes, a un presunto policía « disfrazado de piquetero» al que luego, en imágenes de la represión, reconocieron mientras « disparaba con una escopeta y recogía los cartuchos».
Las legisladoras contaron haber visto al supuesto piquetero en el «sector administrativo de la comisaría mientras mantenía una conversación familiar con los efectivos allí presentes».



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