No es una pelea entre unitarios y federales, pero el traspaso de la Policía Federal a manos del Gobierno porteño ya generó algunas resistencias. La discusión es por la transferencia de fondos.
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Los diputados del interior están de acuerdo en terminar con las restricciones que impuso la «ley Cafiero a la autonomía de la Capital Federal, pero se niegan a propiciar una policía del «primer mundo» con muchos recursos económicos, humanos y de infraestructura en detrimento de las policías provinciales.
Mantener la Policía Federal cuesta operativamente 400 millones de pesos anuales (el año pasado recibió una ayuda del Gobierno de la Ciudad de 50 millones para la compra de patrulleros). De modo que los diputados de las provincias sospechan que el apuro por delegarle a Aníbal Ibarra el control de esa fuerza de seguridad conllevaría, también, la intención de trasladar esos fondos, algo que no están dispuestos a convalidar.
El miércoles pasado, los diputados porteños lograron arrancarle a la Cámara baja el tratamiento preferencial en el recinto, con despacho de comisión, de los proyectos para traspasar la Policía y la Justicia nacional al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Creen que antes de fin de año habrá una definición, que estará atada a un acuerdo político entre Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra.
El traspaso de la Policía tiene vieja data, pero, a partir del «viernes negro» en la Legislatura porteña (16 de julio), se aceleró la intención política de que esa fuerza de seguridad quede bajo el control de la Ciudad. Hoy Ibarra -como jefe de Gobierno-ni siquiera puede darle una orden a un cabo de Policía.
Los porteños instalados en la Cámara de Diputados decidieron, entonces, lanzar una ofen-siva. Salvo Patricia Walsh y Luis Zamora, alrededor de 25 diputados decidieron convalidar los tres proyectos que circulan en el recinto para la creación de una policía de la Ciudad de Buenos Aires, el traspaso de la Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble.
• Operadores
La operación la llevan adelante Juliana Marino (Fuerza Porteña) Silvana Giúdice (Encuentro) y Christian Ritondo (PJ). El trío llevó la discusión a la Comisión de Seguridad Interior, donde planteó que el tras-paso liberaría al Estado nacional de mantener el presupuesto que le demanda la seguridad en el distrito. Según Ritondo, menos de 50% de los efectivos que tiene la Policía Federal está afectado a la Ciudad de Buenos Aires.
El legislador le dijo ayer a este diario que el jefe del bloque del PJ, José María Díaz Bancalari, consultó al gobierno antes de que se presentaran los proyectos para ampliar la autonomía. Pero, igual, el resto de la comisión consideró imprescindible ratificar si existe esa voluntad política y cuál es la opinión del jefe de Gobierno de la Ciudad y del Presidente.
Los bonaerenses Jorge Casanovas y Jorge Villaverde, ambos justicialistas, también sumaron reparos de índole económica al traspaso de la Justicia y Policía a la Capital.
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