Fuero Contencioso corre en auxilio del Gobierno por tarifazo

Política

Ejecutivo consolida estrategia de centralizar expedientes clave en la Capital Federal. Busca evitar un fallo adverso como en aumento del gas versión 2016. Tribunal platense debe responder si se desliga.

Como si en el juego de la perinola apostara siempre por obtener la cara del "toma todo", el fuero Contencioso Administrativo Federal ahora comenzó a disputar con la Justicia federal platense la resolución de los recientes planteos colectivos contra el tarifazo de gas. Luego de que -como informó Ámbito Financiero- se quedara con la definición inicial por la validez de la nueva Ley de ART, los tribunales que resuelven litigios relacionados con disposiciones administrativas de alguno de los poderes del Estado buscan ahora absorber las causas que puedan bloquear, amparo mediante, el nuevo cuadro tarifario dispuesto por el Gobierno. La estrategia de salvataje había sido iniciada por los abogados oficiales que plantearon una inhibitoria a favor de ese fuero, en lugar del juzgado Federal N° 2 de La Plata que había inscripto en el registro de procesos colectivos de la Corte Suprema el caso. El riesgo es que desde esos tribunales replicaran el tortuoso camino que tuvo para la Casa Rosada el tarifazo de 2016, sepultado finalmente por el máximo tribunal.

El miércoles a las 9.30 venció el plazo para la presentación del informe exigido por la Justicia al Enargas y al Ministerio de Energía conducido por Juan José Aranguren. El juez platense Adolfo Ziulu se había declarado competente en abril, y dispuso no sólo la inscripción de la acción de clase que eventualmente beneficiaría a los usuarios residenciales de todo el país, sino que ordenó que el Estado aporte los informes de rigor, en calidad de demandado. El caso iniciado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) también asustó a Cambiemos porque fue la misma ONG que obtuvo el fallo que paralizó por un año los aumentos, hasta que se llevaron adelante las audiencias públicas.

El centro de la discusión actual es la puesta en práctica de los aumentos en 2018, que según la demanda fueron ilegales porque se adelantaron un mes en su entrada en vigencia, prevista inicialmente para el 1 de mayo. La Corte también tiene una definición clave en ciernes que agrega pimienta al escenario: debe definir si el fuero contencioso administrativo federal es el que debe establecer si las subas fueron "razonables" con respecto a los ingresos de los usuarios. Eso fue a consecuencia de lo que la propia Corte fijó como parámetro (lábil) de su primer fallo. La Justicia platense pugna por volver a intervenir como la primera vez que congeló los aumentos desde la Cámara Federal de La Plata.

Pero a la batalla judicial se sumó la jueza Claudia Rodríguez Vidal -de la Capital Federal- que se adjudicó la competencia para intervenir en la demanda colectiva iniciada por CEPIS y aceptó el planteo de los abogados del Estado. El fundamento fue simple: si las resoluciones del Enargas y el Ministerio de Energía que se impugnan en la denuncia emanaron de una autoridad nacional con asiento en la Capital Federal, corresponde la competencia a la Justicia Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, donde tienen domicilio. El Gobierno ya había fracasado en su primer intento por establecer esta cuestión en 2016 por haberlo planteado mal y tarde, pero ahora apuesta a que desde esos tribunales le den un alivio, y los expedientes se muden de La Plata hacia el Palacio de Tribunales.

El que deberá ahora decidir si se sube a la pelea es el juez platense Zuilu que ya había emprendido la mitad del camino hacia una resolución y estaba en condiciones de optar por conceder o no la medida cautelar pedida por CEPIS que frenase la aplicación del tarifazo en el gas para todos los usuarios residenciales de la Argentina. Si la declina, todo vendrá para la Capital Federal, pero si resiste entregar la causa, también comenzará una puja por establecer qué Cámara de Apelaciones resuelve el conflicto, con lo que el tiempo jugará a favor de que todo el tema devenga abstracto. Ziulu, antes de pronunciarse, le pidió opinión al fiscal Guillermo Ferrara.

En teoría, el tribunal de alzada que es superior al juez que intervino por primera vez -es decir, Ziulu- debería resolver. Según el Decreto Ley N°1285. Pero si se aplica la normativa en cuestiones de cautelares contra el Estado, será la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la que resuelva la competencia, con resultado previsible. Si esto ocurriera, el Gobierno despejaría nubarrones sobre la pelea legal por el tarifazo y se anotaría un doble triunfo para evitar que la suba dispuesta corra riesgos de caer en una medida cautelar. Si se le suma un futuro venturoso a la reforma de la Ley de ART, el Poder Ejecutivo sólo quedaría a la espera de un fallo que eche por tierra los amparos contra la reforma previsional para haber salido airoso de los conflictos judiciales considerados clave a nivel de gobernabilidad. Para ello, el fuero Contencioso Administrativo Federal se deberá erigir como salvavidas de las principales reformas encaradas por la administración de Mauricio Macri.

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