Gas: por ahora, falta de mérito para Iguacel

Política

Es por causa que investiga la resolución que obligaba a los usuarios a compensar a las distribuidoras de gas. Ordenan más medidas de prueba.

La justicia dictó la falta de mérito al exfuncionario de Mauricio Macri, Javier Iguacel, en la causa en la que una fiscal lo había imputado por beneficiar a las empresas de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento, en perjuicio de los usuarios. Se ordenó continuar con medidas de prueba.

Para la jueza María Servini no hay elementos por ahora como para dictar ni un procesamiento o un sobreseimiento y le sugirió a la fiscal Paloma Ochoa, que tiene delegada la causa, que complete diligencias probatorias.

En su descargo, el ex exsecretario de Energía durante el gobierno de Macri, aseguró que el único responsable de fijar el cuadro tarifario era el Energas, al rechazar la imputación de haber cometido un delito por dictar una resolución, por la que, según él, “no dispuso el traslado de mayores costos de tarifas a los usuarios”.

La fiscal Paloma Ochoa lo había imputado porque mientras desempeñaba el cargo de Secretario de Energía del Ministerio de Hacienda, el 4 de octubre de 2018 dictó la Resolución N° 20/2018 mediante la cual evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”

Al acusarlo, la fiscal dijo que la maniobra fue en perjuicio de los "usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado".

La resolución 20/2018 habilitaba a las distribuidoras de gas a exigir a los usuarios un pago extra, en 24 cuotas, para compensar las pérdidas o lo que no hubieren podido ganar las empresas por la abrupta devaluación del tipo de cambio ocurrido durante el gobierno de Macri.

Bajo la figura de la "compensación", la resolución "en realidad tenía por finalidad garantizar márgenes de ganancia indebidos y exorbitantes a las empresas distribuidoras y productoras de gas -en el contexto de la devaluación de la moneda dispuesta por el gobierno que integraba-, trasladando el presunto costo de la devaluación al público consumidor", sostuvo en su momento la fiscal.

Iguacel explicó que se advierte un error en los efectos que la fiscal le adjudica a la resolución 20/2018, “dado que en rigor de verdad el traslado a la tarifa del gas de las llamadas DDA (Diferencias Diarias Acumuladas) no deben ser atribuidas a esa resolución”.

Al dictar la resolución, la secretaría de Energía se había basado en que la reglamentación de la Ley 24.076, sancionada en 1992 cuando regía otra política monetaria, establecía que "las variaciones del precio de adquisición del Gas serán trasladadas a la tarifa final al usuario de manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al Distribuidor ni al transportista bajo el mecanismo, en los plazos y en la periodicidad que este establezca en la correspondiente habilitación".

Sin embargo, del expediente formado para el dictado de la resolución surge que en su momento, el Ente Regulador de Gas (Enargas) indicó que esa norma no debía reinterpretarse a la luz de la realidad económica argentina de los últimos 20 años, para no afectar a los usuarios, en un dictamen que fue desoído por completo por la secretaría de Energía.

Para la jueza “existe una discordancia en el alcance e interpretación que cada parte pretende darle al actuar del ex titular del ENERGAS, Ing. Roitman”.

Por ello es que Iguacel pidió su testimonial, además de las de Andrés Ferraris a cargo de la Dirección Nacional de Economía de Hidrocarburos, y Viviana Sagrera, por entonces a cargo de la Dirección de Normativa Sectorial y Provenientes de Entidades Descentralizadas.

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