Tironeo judicial por causa contra factura "impagable" de gas y luz

Es en el expediente donde vecino de La Plata denunció desproporcionado aumento por boleta de $12 mil en los servicios. Se puso en marcha estrategia del Gobierno para centralizar todos los amparos. Alerta por fin de feria.

Enrique Lavié Pico y Alberto Recondo.

Cuando comenzó a perfilarse un aluvión de demandas, algunas colectivas, contra los aumentos de los servicios públicos, el Gobierno afinó el lápiz para trazar una estrategia que hasta ahora le ha dado resultado: unificar la mayor parte de los expedientes en el fuero Contencioso Administrativo Federal, con el que mantiene una sigilosa sintonía. Esa táctica, diseñada entre otros por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, dio sus frutos lentificando todos los procesos que surgieron post fallo de la Corte Suprema en 2016. Sin embargo, ese plan tendrá que superar un test inminente. El juez de esos tribunales, Enrique Lavié Pico, aceptó tratar un amparo de un vecino de La Plata que sostuvo que su boleta de gas era “impagable”. La decisión es inminente. Aunque no se trata de una acción de clase ni de alcance masivo, aborda una arista diferencial del conflicto por la suba de tarifas: si los aumentos son o no “proporcionados” más allá de los tecnicismos y qué puede ocurrir cuando un usuario no está en condiciones de abonar las facturas por el servicio.

El caso tiene otra particularidad que ya había encendido luces rojas en el centro de comando que monitorea el avance de los distintos expedientes que tiene el Gobierno y su “mesa judicial”. A principios de enero, como detalló Ámbito Financiero, la Justicia platense, de la mano de Alberto Recondo, había habilitado la feria judicial para tratar el amparo de Federico Querio que había sido acompañado originalmente por un diputado provincial. Fue la primera señal de alerta porque se le dio tratamiento urgente durante el receso, algo inhabitual, justamente en los tribunales que vieron nacer la causa colectiva que derivó en el fallo “Cepis” que anuló las subas de gas para usuarios residenciales de todo el país y asestó un cachetazo al Gobierno que había obviado la instancia de audiencias públicas para disponer los nuevos cuadros tarifarios.

La buena noticia para los despachos oficiales fue que Recondo negó la potestad de que ese amparo se transformara en un expediente colectivo que agrupara masivamente a los usuarios. Pero tras el dictamen fiscal, decidió tramitar el planteo por una boleta de $16 mil pesos que el vecino aseguró que no podía afrontar. El eje del escrito fue interponer una defensa de los usuarios de servicios públicos esenciales “con el objeto de prevenir de manera permanente y hacia el futuro, el riesgo de daño que sufren todos los usuarios que se verán afectados por el incremento ilegítimo de la tarifa” de los servicios. Para los accionantes, los aumentos resultan “irracionales y desproporcionados”, dado que importan un incremento porcentual muy superior al salarial.

En juez decidió habilitar la feria “teniendo en consideración las circunstancias” en la que se funda la acción interpuesta, pero no le concedió la cautelar. Rápido de reflejos, el Poder Ejecutivo puso en marcha su “escudo anticautelares” y planteó una “inhibitoria” en el juzgado de Recondo. Esto obligaba al juez a resistir desprenderse del caso o a entregarlo al Contencioso Administrativo Federal, la jugada donde el oficialismo se siente fuerte. Conclusión: las actuaciones apuntan a pasar a la Capital Federal, como ha ocurrido con la mayoría de los casos con demandas similares.

Lavié Pico admitió el pedido de inhibitoria que en lo formal presentaron en los tribunales platenses los abogados de la Secretaría de Energía. El formalismo fue que se habían impugnado resoluciones de un organismo con asiento en la Capital Federal, por lo que correspondía esa jurisdicción. Es el argumento que sulfura a los jueces federales del interior del país que acusan al Gobierno de promover un unitarismo judicial.

La pelota quedó, en las últimas 48 horas de la feria, del lado del juez platense que deberá ratificar o no su competencia y comenzar una disputa con Lavié Pico. Si este escenario se configura, la que definirá, como legado del manoseo legal que hizo el kirchnerismo de la ley de cautelares, será la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Federal, superior de Lavié Pico. En panoramas similares, siempre ha fallado por que sean los tribunales federales de la Capital Federal los que terminen absorbiendo los casos, en una especie de embudo que logra dilatarse en el tiempo y diluir los efectos políticos de eventuales sentencias negativas contra los aumentos.