Gobierno envió el Consenso Fiscal al Congreso en la previa de la reunión de Guzmán con macrismo

El acuerdo de la mayoría de los gobernadores con la Casa Rosada no fue acompañado por la Ciudad de Buenos Aires, que sostiene su reclamo judicial por quita de fondos. Radicales se sumaron a la foto con oficialistas, pero prometieron no aumentar impuestos locales.

espera. El recinto de Diputados espera por la reactivación del trabajo legislativo. A pesar de los anuncios y ventas del Gobierno, no habría ninguna sesión hasta febrero próximo.

En la previa de la reunión que mantendrá la semana próxima el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los jefes de bloque y gobernadores de Juntos por el Cambio, la Casa Rosada envió al Congreso el Consenso Fiscal firmado por la mayoría de mandatarios provinciales, que permite la suba de impuestos locales y desvirtúa aún más el acuerdo original de la era Cambiemos, firmado en 2017.

Quien no acompañó el Consenso Fiscal promovido por el kirchnerismo fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien sostiene una puja judicial con Nación por la millonaria quita de fondos contra la Ciudad gatillado por Alberto Fernández. Se diferenciaron del PRO los gobernadores radicales Rodolfo Suarez (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y el jujeño Gerardo Morales (Jujuy), flamante jefe de la UCR en el país y uno de los enlaces preferidos del kirchnerismo con la principal fuerza opositora.

La iniciativa en cuestión se suma a la casi decena de temas que el Ejecutivo vendió en las últimas semanas para tratar en sesiones extraordinarias, que se convocarían en los próximos días y para que el Congreso retome su actividad desde fines de enero y durante todo febrero. No obstante, la nueva conformación tras las elecciones de noviembre último dejaron a las cámaras más polarizadas que nunca y con una proyección de trabajo poco alentadora.

A la espera de la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso, en el podio de urgencias aparece la discusión sobre el Consejo de la Magistratura, salvo que aparezca un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El debate debe darse tras el plazo que dio la Corte Suprema de Justicia para reorganizar la conformación del organismo que propone y sanciona a los jueces antes del 15 de abril.

El fallo de la Corte ordenó que, mientras no haya una nueva norma, el Consejo tiene 120 días corridos para volver a funcionar con la integración anterior, de 20 miembros encabezados por el presidente de la Corte. Ante las dificultades de reorganizar su integración con nuevos representantes de los jueces, los abogados y los legisladores nacionales, el Consejo de la Magistratura decidió remarcarle al Congreso la necesidad de avanzar lo antes posible con una nueva ley y le pidió al Ejecutivo que incorpore el tema en las sesiones extraordinarias.

A inicios de diciembre pasado, el Gobierno envió al Senado una ley sobre el Consejo para llevar la conformación a 17 miembros. Para ello, se sumarían dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta la institución, e incorpora la perspectiva de género para dar cumplimiento a convencionales internacionales y a normas internas.

Por su parte, la oposición aprovechó las idas y vueltas del Gobierno y empujó una baterías de iniciativas propias para disputarle el espacio al Frente de Todos. Anteayer, por caso, el jefe radical en Diputados Mario Negri (Córdoba) presentó un texto que, según explicó, “no sólo busca reponer la antigua composición del Consejo de la Magistratura siguiendo las indicaciones del fallo de la Corte, sino que es también un instrumento para dotar de un funcionamiento más eficiente y veloz al Consejo y por extensión a todo el Poder Judicial”.

Otra cuestión que pretende empujar la oposición es sobre la reciente ley de Bienes Personales. Durante la corriente semana, un grupo de diputados macristas impulsados por Luciano Laspina (PRO), el liberal José Luis Espert y otros de la UCR firmaron una iniciativa para elevar el piso del tributo de $6 millones a $10 millones, así como la cifra de la vivienda única o “casa-habitación” de $30 millones a $60 millones.

“Lo votado en diciembre pasado fue en forma irregular. Por lo tanto para dar seguridad jurídica y no afectar básicamente a la clase media, establecemos que este proyecto rija a partir del 31 de diciembre de 2021 inclusive”, expresó en un comunicado la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Desde el macrismo deslizaron que “con la misma lógica se solicita la derogación total de cualquier delegación de facultades en el Poder Ejecutivo para incrementar las alícuotas que afecten a bienes situados en el exterior, ya que quedó demostrado que los contribuyentes afectados, en lugar de optar por repatriar activos, han mudado su residencia permanente a otros países donde la presión fiscal sobre el ahorro y el patrimonio se encuentra en niveles razonables”. Además, agregaron que “todo ello se traduce, además del daño por la salida de talentos y capitales, en una merma considerable de recaudación”.