DNU y renuncia por crisis en compras

Política

Gobierno, obligado a reaccionar ante sobreprecios. Fue por la contratación de alimentos arriba del precio máximo.

Sin demasiado lugar para que quedaran dudas, Alberto Fernández debió operar ayer rápidamente para esterilizar el conflicto que estalló en Desarrollo Social por la contratación y compra de alimentos para los bolsones que se reparten en la emergencia a un precio largamente superior al que indicaba la propia lista de precios máximos que lanzó el Gobierno para frenar abusos en medio de la pandemia.

Dos medidas inmediatas atacaron el problema: un DNU donde se deja claro que no podrán realizarse compras de insumos (por las dudas con esto se anticipa a frenar conflictos en otras áreas) por valores superiores a esa lista de precios máximos que la Secretaría de Comercio Interior fijó en la Resolución N° 100/20, y la despedida del funcionario que habilitó las compras. Es el principio de un intento por terminar con una polémica que el Presidente no puede tolerar en este momento bajo el peligro de que el costo político sea incalculable.

Daniel Arroyo le exigió entonces la renuncia al secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo. Fue él quien, según se afirmó ayer en el Gobierno, le dio el OK a la compra de azúcar y aceite a valores por encima de los “precios testigo” fijados por la Sigen y la lista de precios máximos.

El Gobierno lanzó temprano ayer una investigación interna que tuvo resultados inmediatos ante la evidencia de la diferencia de precios entre lo que se contrató y, de acuerdo con el propio Alberto Fernández, aún no se pagó. La furia que corría entre la residencia de Olivos y la Casa Rosada no dejaba lugar a demasiadas dilaciones. Por eso la primera decisión fue cancelar la compra y el pago y después vino el tándem decreto-renuncia.

Arroyo estuvo en el medio de las decisiones y fue quien comunicó el pedido de renuncia. No es el final del proceso: hay una lista de 12 funcionarios que van por abajo de Calvo cuyas responsabilidades están en revisión.

Y al mismo tiempo, el Gobierno, aunque la emergencia de la pandemia mande en prioridad, tiene que enfrentar una realidad casi histórica si no quiere que el escándalo se repita en cualquier momento: debe modificar el esquema de compras del Estado. No es un tema simple: existe una extensa lista de empresas siempre dispuestas y con los papeles que exige la burocracia en regla para venderle al Estado. También estas listas aceptan que se les pague tarde (clave en un país con inflación) ya que los sobreprecios cubren la diferencia financiera.

Ese ejercicio evita que (como se quejaban ayer varios productores de esos insumos que se estaban comprando en algunos casos al doble del precio real) las adquisiciones se hagan directamente al fabricante y en su lugar a empresas interrelacionadas que tienen larga expertise en este tema de vivir de las ventas al Estado. También eso deberá modificar el Presidente si no quiere seguir pagando costos.

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