Mientras crece el escándalo respecto a la cantidad de personas que tenían alertas injustificadas en los sistemas de Migraciones durante el gobierno de Mauricio Macri, se pidió que se vinculen parte de los hallazgos con la causa que investiga a la cúpula de la administración Cambiemos por maniobras de persecución al Grupo Indalo y sus accionistas. Así, se presentó el empresario Cristóbal López en su rol de querellante ante la jueza María Servini para alertar que algunas de las consultas realizadas sobre sus movimientos migratorios coinciden con las presentaciones que hacía la AFIP en la causa Oil Combustibles, que hoy se revela plagada de irregularidades en su tramitación.
Encuentran vínculo entre espionaje en Migraciones y la causa contra Indalo
Fecha de consultas ilegales de movimientos coincide con preparativos de la AFIP para el caso Oil. Coordinación demostraría orden directa del Ejecutivo.
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María Servini.
En ese marco, existe vinculación entre la denuncia presentada el 22 de octubre pasado por la Directora de Migraciones Florencia Carignano respecto a la consulta injustificada en actuaciones administrativas o judiciales de incontable cantidad de personalidades de la política, el mundo empresario y deportivo sobre sus movimientos. López indicó que la primeras consulta sobre su persona fue el 22 de diciembre de 2015, apenas unos días de asumido Macri, las que se volvieron a repetir en reiteradas oportunidades el 4 de abril de 2016 y que incluyeron a su socio, Fabián De Sousa.
“No es un dato menor la fecha. Como se puede apreciar en el expediente CFP 4943/2016, en lo que hasta ese momento eran únicamente actuaciones reservadas en fiscalía, y sin que se hubiera judicializado aún la investigación, el 1 de abril de 2016, a las 14 horas, Juan Carlos Santos presenta en la fiscalía interviniente -y fuera del horario de atención al público- una serie de elementos de prueba producidos en el seno del organismo. Es decir, casi al mismo tiempo en que se producen las consultas ilegítimas”, se indicó en el escrito judicial. Santos era el exjefe de Grandes Contribuyentes Nacionales y el nexo designado por Alberto Abad para tener contacto con la fiscalía de Gerardo Pollicita. En juicio, Santos trató de desentenderse de su rol en el caso pero quedó expuesto una ausencia de trazabilidad administrativa de todo lo que iba desde la AFIP hacia el juzgado para nutrir el inicio de la causa Oil Combustibles. Y a su vez, se recordó lo declarado como testigo por Pedro Ocamica quien señaló que las “tareas de campo” sobre auditorías habían comenzado el 30 de marzo y 1 de abril de 2016. “Lo cual no deja de ser sorprendente, pues, de la lectura de los informes de auditoría, las tareas de campo se realizaron antes de que las mismas se establezcan en modo, tiempo y lugar”, se indicó. “de comprobarse que algunas de las consultas a las bases de migraciones se realizaron prácticamente en paralelo a todo lo ocurrido en el ámbito de la AFIP, viene a corroborar lo que afirmara días atrás: “todo recurso del estado que el ingeniero Macri tuvo en sus manos, por sí o por interpósito funcionario o gente que decía representarlo, fue puesto en funciones en pos de su objetivo”, agregó López. “Se demostraría que tamaña coordinación de organismos y funcionarios de altas esferas gubernamentales que tendrían que haber intervenido en las maniobras contra mi desarrolladas y que se investigan en la presente causa, solo puede ser explicada a través de una orden que nadie más que el Presidente de la Nación de ese momento”, denunció en referencia a Macri. Habría relación así entre las irregularidades detectadas en Migraciones y los movimientos de la AFIP, coordinación imposible sin una orden política simultánea.
Por eso, aseguró que podría darse la existencia de un “aparato organizado” por decisión de Macri “para beneficio de él o, para lograr, a través de la comisión de diversos delitos, sus objetivos políticos y económicos”.
Sobre esta base, López pidió a Servini que solicite que se crucen las pruebas con el juzgado de Sebastián Ramos que investiga el caso que Migraciones puso en conocimiento. Allí está declarando personal que atestigua que fueron sus jefes (directores durante el macrismo) quienes hacían los encargos informales sobre la averiguación de datos personales. E incluso había consultas que eran cursadas de manera directa a la AFI, lo que tiene puntos de contacto no solo con el tráfico de información bajo secreto fiscal de la AFIP, sino con lo descubierto en el juzgado federal de Lomas de Zamora.
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