Tal como lo establece la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete Guillermo Francos irá al Congreso de la Nación a responder las preguntas de diputados y senadores de todos los bloques parlamentarios.
Guillermo Francos ya prepara su primera visita al Congreso para defender la gestión
Se habilitaron las preguntas de legisladores para que el jefe de Gabinete las responda entre la última semana de agosto y la primera de septiembre.
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Este martes se habilitó el sistema de preguntas para el funcionario del Ejecutivo, que concurrirá al Palacio Legislativo entre la última semana de agosto y la primera de septiembre. La fecha resulta fundamental para determinar el temario: no sólo estaría avanzado el debate por la agenda de reformas políticas y de seguridad que propone el oficialismo, sino que constituirá la antesala de la presentación de la Ley de Presupuesto 2025.
El 15 de mayo fue la última presencia de un jefe de Gabinete del actual gobierno en el Congreso de la Nación. En ese momento el puesto era ocupado por Nicolás Posse, quien respondió las 1286 preguntas de los legisladores en forma presencial durante más de seis horas.
El exfuncionario proyectó una inflación anual del 139,7% en 2024 y un dólar oficial a $1016; calificó de "esquema de esclavitud moderno" a los programas sociales; y respaldó el cierre de organismos estatales y los despidos en el ámbito público. Menos de dos semanas después de esa jornada, Posse dejaba su cargo.
Diputados regresa con debates de seguridad: prioridad en ley antimafias y baja de edad de imputabilidad
El Gobierno no descuida el ámbito parlamentario y, en medio de las tensiones internas, apunta a uno de sus ejes de campaña: la agenda de seguridad. Luego de dos semanas de inactividad, comisiones de Diputados debatirán en plenario reformas significativas del Código Penal, mientras se encaminan a un triunfo legislativo en el recinto a inicios de agosto.
Para el mediodía del miércoles, la Comisión de Legislación Penal convocó al tratamiento de cuatros proyectos: modificación de la legislación sobre Trata de Personas y Secuestro de Armas de Fuego, ley de Régimen Penal Juvenil y Abordaje Integral del Crimen Organizado. Para el próximo miércoles 7 de agosto, y entre una decena de ratificaciones de acuerdos de cooperación diplomática, se inscribieron otros dos proyectos con consensos consabidos del oficialismo y dialoguistas: regularización sobre armas de fuego y ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos.
Si bien la urgencia parlamentaria se encuentra en sancionar una reforma política antes del año electoral del 2025, el debate de seguridad reunirá en plenario a distintas comisiones (entre ellas, la de Presupuesto, por el financiamiento que implicarían las reformas) para fortalecer una redacción de consensos antes de aplicar modificaciones sensibles en el Código Penal. La actividad parlamentaria en seguridad no descarta la confluencia de otros proyectos, que van desde la ley contra la reincidencia, propuesta por Natalia Zaracho (Unión por la Patria), hasta agravamientos sobre reiterancia delictiva, firmada por Carolina Píparo (Buenos Aires Libre).
No habrían demoras para dictaminar el proyecto de los bloques federales, que buscan modificar el artículo 145 bis sobre Trata de Personas, penando “cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica”. Entre los argumentos, se deducen las consecuencias del caso de Loan Peña: se habla de “entrega de niños”. Tampoco habría inconveniente en el apoyo a la iniciativa peronista de reformar la legislación sobre el secuestro de armas de fuego, incorporando el artículo 23 bis que establece un período máximo de seis meses para la destrucción de las incautaciones, con el fin evitar el mercado negro de municiones.
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