Hay proyectos en Congreso para que se intervenga la Capital

Las derivaciones de la tragedia de la disco bailable República de Cromañón complican seriamente al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra.

El Congreso comenzó a hablar ayer, por primera vez, de la posibilidad de intervenir el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires frente a acusaciones por la falta de controles emergente de la tragedia de República de Cromañón. El propio bloque peronista, al menos los pocos diputados que están en la Capital por estos días, comenzó a debatir la redacción de un proyecto de intervención y las posibilidades políticas de llevarlo adelante.

Varios duhaldistas fueron de la partida, acompañados obviamente por el macrismo. Hasta hubo, incluso, reuniones y consultas entre José María Díaz Bancalari, Eduardo Camaño y Eduardo Rollano, que se mezclaron con el pedido de los abogados de familiares de las víctimas de una intervención a la Ciudad, que también llegó a la presidencia de Diputados.

Que los macristas Cristian Ritondo o Jorge Vanossi apoyen un pedido de intervención no debería llamar la atención, a pesar de que su jefe político hoy la considera prematura y prefiere esperar que sea la propia Justicia la que avance contra Ibarra.

•Interpretaciones

Sí resultó extraña la participación de duhaldistas en los preparativos técnico-políticos de esa decisión que debe pedir el Ejecutivo y aprobar el Congreso. Dos caminos de interpretación quedaron entonces: el auxilio de Eduardo Duhalde a Kirchner, poniendo su tropa propia en Diputados apoyando una intervención -de hecho, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, ayer frente a una pregunta de movileros, explicó que esa decisión corresponde «sólo al Congreso», desligándose del tema-frente a una decisión del Presidente de «soltarle la mano» a Ibarra, pero que no quiere tomar públicamente o un aviso de Duhaldeal propio gobierno sobrelo que les puede pasar a los aliados del kirchnerismo si continúan los ataques en la provincia de Buenos Aires. Esta última opción es menos probable.

La obsesión del Presidente por las encuestas no faltó tampoco en esta oportunidad. La preocupación en la Casa Rosada sigue en alza frente a las mediciones que lo ubican muy cercano en su relación con Ibarra -de hecho, producto de una relación política que ambos se preocuparon en forjary al jefe de Gobierno revirtiendo hacia lo negativo el porcentaje de imagen positiva que tenía antes de la tragedia de Cromañón.

•Procesamiento

Como Macri, Kirchner está convencido de que los problemas reales de Ibarra vendrán por el lado de la Justicia. La posibilidad de un procesamiento del jefe de Gobierno porteño (ver nota aparte) se vio ayer mucho más cercana, pero ese interrogante se develará,a lo sumo, después del levantamiento del secreto del sumario -el próximo 4 de febreroy si la jueza de Instrucción María Angélica Crotto decide previamente tomarle declaración indagatoria a Ibarra -para proceder luego a su procesamiento-de acuerdo con el nivel de responsabilidad que le impute al jefe de Gobierno en la falta de controles en Cromañón.

Pero Kirchner no esperará esa supuesta decisión de la Justicia. Se adelantará despegándose de su todavía aliado en la Capital Federal y por eso se explican los tanteos y negociaciones previas para avanzar con una intervención a la Ciudad, hechos que nadie quería reconocer oficialmente.

•Definiciones

En sintonía directa con ese juego, ayer se conocieron dos hechos definitorios para conocer el futuro accionar de Kirchner en el conflicto. El gobierno envió por la tarde al Congreso el demorado decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, que hasta ahora nada tenía que ver con Cromañón. Incluyó un proyecto de ley por el cual «el Estado garantizará la asistencia legal a las familias de las víctimas de la disco República de Cromañón». Es la misma asistencia que, en un acto polémico y rechazado por los familiares de las víctimas, había ofrecido Ibarra, pero esta vez desde el Estado nacional, tal como la había acordado Aníbal Fernández con el procurador Osvaldo Guglielmino cuando prometió asistencia financiera para pagar a los abogados de las familias de víctimas en el juicio penal.

El segundo hecho es igualmente esclarecedor. Ayer, la agencia oficial «Télam» emitió un amplio despacho donde consignó un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires «que advertía las falencias del área de control, verificaciones y habilitaciones del Gobierno porteño» y que fue incorporado a la causa en la que se investiga la tragedia de Once.

La Auditoría difundió una copia de esa informe que el auditor general Matías Barroetaveña le envió a la jueza Crotto por pedido de la magistrada.

El dictamen de la Auditoría acusa al Gobierno porteño de poner en riesgo la seguridad de los vecinos de la Ciudad por tener falencias en materia de controles de boliches bailables, geriátricos, guarderías, shopping, hoteles y estadios, riesgos que se deben a los «sucesivos cambios y mutaciones de lo que fue en su momento la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones» que, por sospechas de corrupción en sus inspectores, «fue disuelta por decreto por el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, en 2002».