Completó el circuito previsto por asociación ilícita y lavado (igual a Los Sauces). Podrían confluir en megajuicio en 2019. Dispuso embargos por $800 millones. Auspicio de la Corte para eventual ascenso del magistrado.
Con un timming al estilo Comodoro Py y tras estirar la definición desde el cierre de las indagatorias a fines de 2017, el juez federal Julián Ercolini cumplió con el dictado del procesamiento por lavado de dinero a la expresidente Cristina de Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, a raíz del alquiler de plazas hoteleras de la firma Hotesur y los "retornos" que a través de ese mecanismo habría pagado el detenido empresario Lázaro Báez. De esta manera, este expediente -el más retrasado de los que involucran a la exmandataria por presuntos hechos de corrupción- quedó homologado con su mellizo, "Los Sauces" que investiga delitos similares pero en otros alquileres inmobiliarios y que fuera confirmado como una asociación ilícita por la Cámara de Casación Penal, que le sumó el lavado de activos el jueves pasado. Cristina sumó así su quinto procesamiento. Y Ercolini testeó el traje de camarista para el que puertas adentro lo están midiendo, con auspicio de un sector de la Corte Suprema que vería con buenos ojos su desembarco como subrogante en la desolada Cámara Federal.
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En lo concreto, Ercolini trabó embargos de hasta $800 millones y dictó, además, el procesamiento de Báez y su hijo Martín; de Víctor Manzanares, contador de los Kirchner; de la sobrina de la expresidente, Romina Mercado; y de Osvaldo "Bochi" Sanfelice, quien administraba los negocios inmobiliarios de los Kirchner. El fallo además incluyó el embargo sobre los más de u$s4 millones encontrados a nombre de Florencia Kirchner en cajas de seguridad de distintos bancos. En la causa no hay detenidos. La acusación en el caso Hotesur -que inició el derrotero de investigaciones y que originalmente estaba a cargo de Claudio Bonadio hasta que fue desplazado por la Cámara- detalló la supuesta maniobra a través de la cual los Kirchner se hicieron de los fondos para comprar los hoteles y luego administrarlos, tarea que había sido cedida a una de las firmas de Báez, Valle Mitre SRL. La hipótesis es que fue Báez quien les prestó dinero para comprar los hoteles y también pagó mensualmente un alquiler para que Valle Mitre los explotara, como mecanismo para blanquear dinero proveniente del delito originado en la adjudicación de obra pública a favor del empresario, hechos que ya están elevado a juicio en la denominada causa "obra pública" que también instruyó Ercolini.
El nombre del juez no solo sonaba fuerte como candidato en representación de Comodoro Py para el Consejo de la Magistratura, sino que ahora concitó avales para escalar a la Cámara Federal donde hay tres plazas libres. Su pasaje sería discutible porque no cumple con los requisitos que impone la flamante Ley de Subrogancias, pero cuenta con auxilio desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales por lo que sus chances de ascenso no son desdeñables.
"Hotesur" alcanzó a su gemela "Los Sauces" y ambas podrían confluir en un megajuicio si se confirman en todas las etapas, antes de que el Tribunal Oral Federal N°2 inicie las audiencias por el presunto direccionamiento de obra pública que apuntan (a todo vapor) a febrero de 2019. Esa es la matriz que dispara las hipótesis de lavado y la de retorno vía alquileres.
La conclusión del procesamiento indicó que Valle Mitre "sin contar con capacidad económica ni experiencia en el rubro, administró el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas -propiedad de la familia Kirchner- y abonó mensualmente en concepto de cánones locativos, sumas de dinero que finalmente se introdujeron en el patrimonio de aquellos, todo con miras a ocultar la fuente real de los fondos y a otorgarles apariencia de lícitos".
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