Ibarra analiza veto a ley de casinos

Aníbal Ibarra dispone de 48 horas para vetar la Ley de Juego. Hasta mañana a las 24, el jefe de Gobierno porteño puede decidir si promulga o no la norma, que regula las apuestas en la ciudad y le permitirá al Estado local recibir parte de lo que se recauda en loterías y el polémico casino flotante.

Anoche, el secretario de Hacienda, Miguel Pesce, no había remitido el expediente a dependencias de Legal y Técnica, última escala del proceso antes de su publicación.

El visto bueno del responsable de las cuentas del palacio municipal resulta vital y no sólo por cuestiones técnicas o administrativas sino también formales.

En ausencia del responsable de la cartera de Gobierno, Raúl Fernández, (de vacaciones), con la firma de Pesce y, obviamente, la de Ibarra basta para refrendar la discutida Ley 580.

Si bien se presume que la administración metropolitana la promulgará, está abierta la posibilidad de que vete alguno de los artículos, entre ellos, el que habilita a Ibarra a pedirle al gobierno nacional que clausure el barco, al cual el jefe porteño quiere cobrarle royalties.

Esta última actitud merece una dura ofensiva del belicismo que amenaza con llevar de la Legislatura a Tribunales sus quejas contra la ruleta acuática. Ayer, la diputada Pimpi Colombo (Nueva Dirigencia- Encuentro por la Ciudad) señaló: «Resulta una gran contradicción de la Alianza percibir un canon del casino, cuando se considera que habría que cerrarlo; sería tan absurdo como cobrarle ingresos brutos a los ladrones que 'trabajan' en la ciudad».

La cuestión despertó también la inquietud de Carlos Chacho Alvarez, obsesionado por la «trasparencia» de la empresa española CIRSA, dueña de la concesión de la ruleta. Al ex vice le sorprendió que éste sea uno de los casinos más rentables del mundo. En tren de hacer cálculos, supone que la recaudación por juegos de azar le permitirá a Ibarra levantar su perfil. Con el porcentaje que percibirá de las ganancias de las agencias de lotería, el jefe de Gobierno podrá hacer asistencia social en temporada electoral, suficiente para calentar la interna del Frepaso.

Esta perspectiva preocupa también a los caudillos locales de la UCR que resistieron la sanción de la ley.

Sospechan que, con más «caja», Ibarra cobrará mayor poder y estará en condiciones de imponer condiciones en la sociedad política que mantiene. Las presiones del radicalismo que llevaron en su momento a un enfrentamiento, ahora superado, entre Darío Alessandro y el lord mayor se harán sentir cuando deba resolverse la homologación del acuerdo entre la administración porteña, el Ministerio de Desarrollo Social y Lotería Nacional por la cesión de fondos de apuestas de la Nación al Gobierno de la Ciudad.

Este convenio todavía necesita de la homologación de la Legislatura y de la aprobación expresa de Fernando de la Rúa para tener pleno efecto. En ese papel, se establece que durante este año Ibarra recibirá 30% de lo recaudado por juego en su jurisdicción. El porcentaje subirá a 40% en 2002 y trepará a 50% en 2003.