Igual, el Senado vota alejamiento

El Senado decidirá hoy la destitución de Antonio Boggiano como juez de la Corte Suprema sin importar el fallo de los conjueces de la Corte que ayer ordenó restituirlo en el cargo hasta que se sustancie el fondo del recurso presentado por el magistrado cuando apeló la suspensión a su cargo. No hay entonces conflicto jurídico entre la decisión de ayer de los conjueces -sobre una medida cautelar-y la que tomará el Senado hoy de destituirlo. El problema, en realidad, es el destino que puedan tener en el futuro los reclamos que presente Boggiano ante la Corte Suprema local o tribunales internacionales. El antecedente de ayer de la Corte -primera vez que el Poder Judicial invalida una decisión de este tipo del Legislativoreavivó algunos debates en el Senado, al punto de que hoy se propondrán modificaciones en la votación del Senado como tribunal de Boggiano para dejar la sentencia a mejor resguardo del futuro accionar judicial.

Varias fueron las definiciones de ayer de los senadores, todas escudadas en la privacidad para no poder ser recusados hoy por el tribunal por sus declaraciones.

• «No importa que la Corte haya fallado en otro sentido con relación a la resolución de una medida cautelar. Nosotros resolveremos la cuestión de fondo. Además, en estos casos el Senado es tribunal de alzada para la Corte.»

• Hubo versiones durante la tarde de ayer sobre que la Corte de conjueces podría requerirle al Senado información sobre todo lo actuado en el juicio político para resolver el recurso presentado por Boggiano, pero lo cierto es que el tiempo vuelve abstracta esa discusión al declararse hoy, con seguridad, la separación definitiva del magistrado.

• Tanto senadores peronistas como radicales acordaron que el problema es el precedente que se está sentando.

• Entre las soluciones que se plantearon, el peronista riojano Jorge Yoma explicó que se pedirá hoy en el recinto que cada senador justifique su voto en el plenario donde el Senado sesionará como tribunal, es decir, que explique por qué cree que debe destituirse al magistrado. «Yo estoy diciendo que en alguna medida publiquemos los argumentos. La deliberación es secreta y no se conoce el sentido del voto de cada senador», dijo Yoma.

¿Adonde apunta este cambio, por primera vez, en el reglamento?

Los senadores ya tomaron nota de un dato particular: en cada reportaje del último tramo mediático de Boggiano el juez afirma: «Yo quiero saber por qué me destituyen».

Esa frase no sería una simple protesta, sino que implica que el juez está declarando: se está afectando mi derecho de recurrir en doble instancia porque no hay fundamento de la sentencia.

En un juicio político, los senadores votan por destitución o no, pero no existe, mas allá de las constancias del proceso, una sentencia con justificación de la decisión. De ahí que Boggiano argumente: ¿sobre qué base un tribunal va a analizar la sentencia del Senado por arbitraria, si no tiene el fundamento de esa sentencia?

Penitenciarios se quedan sin abogados del Estado

El Poder Ejecutivo reformará la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal (SPF), lo que incluye retirar el asesoramiento jurídico del órgano al personal carcelario implicado en delitos dolosos. Se trataría de una medida de plena inconstitucionalidad que marca el avance de la Casa Rosada sobre el Congreso, arrogándose facultades legislativas que no le corresponden, de acuerdo con la opinión del especialista en derecho constitucional Gregorio Badeni.

No es la primera vez que Néstor Kirchner modifica por decreto la ley orgánica de una de las fuerzas del Estado, puesto que ya lo había hecho con la norma que regula el funcionamiento de la Gendarmería. La medida que planea firmar Néstor Kirchner elimina los abogados pagados por el SPF a cualquier funcionario de las cárceles que esté acusado de un delito intencional.

Badeni consideró que la ley que regula al SPF, que data de 1973, sólo podría ser modificada por otra ley, pero no por un decreto presidencial, que calificó de «abusivo». Para el constitucionalista, sólo el Congreso puede decidir por vía legislativa que el Servicio Penitenciario les retire a sus miembros el asesoramiento jurídico interno.

Voceros de la Defensoría oficial explicaron que el asesoramiento jurídico asiste a todas las fuerzas de seguridad del Estado, y se trata de una instancia interna y administrativa que se les otorga a todos sus miembros. En caso de que esto se tratara de un paso previo para retirarles la defensoría pública oficial se trataría de una maniobra de dudosa legalidad, ya que todos los ciudadanos, por ley, más allá de su carácter de funcionarios del SPF, tienen derecho a una defensa por parte del Estado. Ni qué decir de las denuncias que lloverán sobre las penitenciarías ante esta desprotección.

Además pretende crear una comisión de jueces federales que se encarguen de la evaluación y seguimiento de las actividades del Servicio Penitenciario. Este nuevo órgano estaría integrado por magistrados que dicten sentencia, pero no por aquellos que se encargan de los procedimientos de investigación previa (instrucción). Entre las reformas también se prevé eliminar la Dirección de Inteligencia Penitenciaria y sustituirla por una oficina de información.

• Nuevo jefe

Estas reformas son impulsadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Iribarne, quien ayer puso en funciones al nuevo director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Hugo Ramón Sosa, en reemplazo del funcionario saliente, José Luis Soria.

Iribarne remarcó como «objetivo primordial de la nueva gestión lograr la reinserción en la sociedad» de los presos, en «armonía» con preceptos constitucionales y con los postulados sobre derechos humanos contenidos en tratados internacionales. El pedido de renuncia a Soria y su reemplazo por Sosa se encuadra en un proyecto para transformar el SPF y dotarlo de un perfil más humanitario, y también en el avance de una causa, en manos del juez federal Claudio Bonadío, en la que se investigan denuncias sobre las malas condiciones de alojamiento en cárceles.

«Es misión esencial del Estado articular una política criminal que tiene que desenvolverse en un contexto social y económico. No es una política de laboratorio», planteó Iribarne, quien garantizó que el trato de los internos será «en armonía» con los preceptos de defensa de los derechos humanos.