Incierto final en la UCR sobre expulsión de diputados díscolos

Adolfo Stubrin, Mario Jaraz, Roberto Iglesias -presidente del Comité-, Ricardo Daives y Fernando Chironi. Los caciques radicales elevaron ayer a la Convención Nacional el pedido de expulsión de los cinco diputados que votaron con el kirchnerismo la polémica reforma del Consejo de la Magistratura.

El Comité Nacional de la UCR decidió ayer promoverla expulsión de los cinco diputados que apoyaron al oficialismo en la polémica reforma del Consejo de la Magistratura. Para lograr el apoyo de la mesa directiva de ese organismo, su titular, Roberto Iglesias, debió exhibir una postura más conciliadora: aclaró que su advertencia sobre que abandonaría la presidencia del partido si no se acataba su voluntad de echar a los díscolos había sido sacada de contexto, y que nunca había querido presionar a los radicales.

Pero además reconoció que Daniel Brue y Cristian Oliva (Santiago del Estero), así como Genaro Collantes (Catamarca), Ricardo Colombi (Corrientes) y Hugo Cuevas (Río Negro) habían sido víctimas de las presiones del gobierno nacional que somete a las provincias a un sistema clientelar para girarles fondos.

«En la reunión de ayer no hubo canibalismo con los cinco diputados que votaron junto con el gobierno. Ellos respondían a pedidos de su provincia, pero por convicciones hubieran votado con el partido contra el oficialismo», fue la comprensiva explicación de Iglesias.

Consultado por este diario sobre la posibilidad de que los comités de distrito de la UCR decidieran amparar a estos diputados que votaron desoyendo el mandato del partido con el aval de sus gobernadores provinciales, Iglesias fue contundente: «El radicalismo no es una confederación de partidos. Somos un partido nacional y la que define los términos de la expulsión es la Convención Nacional».

Idea dominante

Es que el tema será notificado el lunes a Adolfo Stubrin, su titular, quien a su vez deberá remitirlo al Tribunal de Disciplina. Allí también domina la idea de refirmar el perfil opositor del radicalismo, o sea desterrar a los conversos. Por eso la decisión de Iglesias es un arma de doble filo para la UCR. Puede depurar el partido de legisladores infieles, pero también puede derivar en un engrosamiento de las filas del kirchnerismo. O lo que sería peor, generar un amotinamiento de gobernadores radicales, como el santiagueño Gerardo Zamora, quien ayer disparó, de visita en la Casa Rosada, contra la postura del Comité: «No hay facultades para hacerlo -expulsar a los diputados-y no es el mecanismo».

Las declaraciones las formuló justamente tras el acto de firma de la carta de intención para la creación de un fideicomiso destinado a obras para el tendido de una red de gas para las provincias de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, encabezado por el presidente Néstor Kirchner. El mandatario provincial se mostró partidario de «respaldar las iniciativas presidenciales cuando sean beneficiosas para el país» y opinó que «un partido que se dedica sólo a denunciar y a hacer oposición no se convierte en alternativa».

Otros que prefieren resolver el tema desde la política y no desde lo disciplinario, como Fernando-Chironi, el santiagueño Ricardo Daives y el formoseño Miguel Angel Insfrán, dos de los tres vicepresidentes del Comité, confían en que las expulsiones finalmente no prosperen y que el gesto de Iglesias sirva como una fuerte advertencia de aquí al futuro.
Estrategas del jefe del bloque radical de diputados destacaban incluso que la figura de desobediencia no es nueva dentro de la UCR: «Zamora nunca le pidió permiso a nadie para aliarse con Néstor Kirchner y, sin embargo, no fue expulsado», razonan.

Lo cierto es que en la reunión de ayer, más allá del destierro de estos diputados, también se percibió la necesidad de ampliar el diálogo con intendentes y gobernadores para evitar la repetición de estos incidentes. Adolfo Stubrin, titular de la Convención Nacional del radicalismo, sugirió incluso la necesidad de realizar una cumbre con los mandatarios provinciales.