El Estado nacional «garantiza y se hace responsable de la seguridad de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y de carga, subterráneos y de superficie, y automotor de carga y pasajeros de jurisdicción nacional» desde la 0 hora de ayer hasta las 24 del sábado, de acuerdo con un decreto publicado en el Boletín Oficial. Con este marco legal, el Estado nacional se hará cargo de las indemnizaciones que correspondieran por los daños a las personas y a los bienes que fueren consecuencia directa de la prestación del servicio durante el paro nacional de actividades dispuesto por las dos CGT y la CTA en ese lapso.
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Sin embargo, se aclara que tal responsabilidad está limitada «sólo» a aquellos daños que «no estuvieron cubiertos por los seguros obligatorios que deben contratar los transportistas».
Se agrega al respecto que, «en cumplimiento de la obligación asumida, se prestará, por inter-medio de las fuerzas de seguridad, toda la colaboración necesaria para la prevención de alteraciones, daños a las personas y a los bienes afectados a los servicios mencionados».
El decreto puntualiza que los damnificados deberán formular la denuncia inmediatamente después de ocurridos ante la autoridad policial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Esa repartición organizará comisiones de inspección que intervendrán en la verificación de lo denunciado, para comprobar las circunstancias de cada caso y verificar fehacientemente los daños y determinar el monto aproximado de la indemnización.
Para atender las denuncias quedó constituido, en la Secretaría de Transporte, un tribunal arbitral compuesto por tres representantes del Estado nacional y dos del empresariado del sector, ante el que deberá presentarse la solicitud de indemnización dentro de los 10 días de ocurrido el hecho.
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