Inquietud en la Justicia por el "protocolo" de la Corte

Malestar y caos atravesaron primer día pos-Acordada. Insisten en que feria resolvería problemas.

María Servini de Cubría y Guillermo Marijuan

El clima luego de la Acordada de la Corte que puso en modo “guardia mínima” al Poder Judicial estuvo mezclado entre el malestar y la zozobra. Las pautas del máximo Tribunal respecto a acompañar las medidas del Gobierno por el coronavirus y su aplicación a un funcionamiento ralentizado de la Justicia fueron leídas como imprecisas por parte de muchos fueros que protestaban por cómo se iban a organizar para aplicarlas. Las ausencias comenzaron a sentirse tanto por el personal incluido en grupos de riesgo como quienes solicitaron licencias debido a que poseen hijos en edad escolar y quedaron exceptuados de asistir. La Cámara de Casación ordenó una integración de emergencia para atender casos urgentes con privilegio al tratamiento de planteos libertad de mujeres embarazadas y con niños, o enfermos. La Defensoría General de la Nación dispuso su propio decálogo de recomendaciones, entre lo que se destaca que se reiteren los pedidos de excarcelación para detenidos con factores de riesgo.

La principal queja que surcó tribunales fue la ausencia de dictado de una “feria judicial” en el estricto rito judicial. La implementación quedó a cargo de las Cámaras que comenzaron con los malabarismos para lidiar con el impacto de las licencias en distintos fueros. Dificultades de todo tipo afloraron como la falta de expertise en algunos ámbitos para dominar el Lex100, la plataforma por donde se deberá tramitar el grueso de los planteos para evitar la presencia física de abogados. En ese camino, el Colegio Público de Abogados, uno de los solicitantes de la feria solicitó una “aclaratoria” a la Corte. Nadie en el cuarto piso del Palacio de Tribunales se mostró entusiasmado con una respuesta. La Comisión Interna Penal Azul Bermellón encabezó una cruzada juzgado por juzgado para verificar que se cumpliera con la Acordada de la Corte y con reclamos a la Cámara del Crimen que el martes había prescripto algunas recomendaciones. La aplicación de la Acordada fue dispar e inmersa en un ambiente caótico, no muy distinto del resto de las áreas públicas y privadas que se vieron impactadas por las medidas de prevención por el coronavirus. Pese a que todos señalan las incomodidades, pocos perciben que la situación podrá ser más restrictiva todavía a futuro.

Casación de “guardia” será presidida por Ángela Ledesma con los jueces Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone como vocales y como reserva con Daniel Petrone, Alejandro Slokar y Gustavo Hornos. El resto, licenciados por edad o cuarentena como el caso de Juan Carlos Gemignani. Mientras tanto, a nivel federal, en Chaco se dio la primera imputación formal por el delito de propagación de la enfermedad, que prevé penas de hasta 15 años de prisión. Hasta ahora la Justicia aplicaba la norma que sanciona con una pena menor al que viola la normativa sobre la cuarentena. Sin embargo, los fiscales de Resistencia Patricio Sabbadini y Federico Carniel imputaron y pidieron la indagatoria de dos mujeres que volvieron de un viaje de Europa y, al llegar, no entraron en cuarentena

Solo en Capital Federal se están recibiendo un promedio de 50 denuncias diarias por violación o incumplimiento del aislamiento obligatorio. El juez federal Luis Rodríguez, de turno con Policía, recibió en unas horas unas 25 denuncias, en las que en 15 casos ordenó consigna policial. Todas en la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, el fin de semana estuvo de turno el juez Marcelo Martínez De Giorgi. La mayoría de las denuncias la realizan los vecinos y encargados de los edificios que se enteran que las personas que han viajado a Estados Unidos, y a Europa salen de sus casas y no cumplen con la normativa del gobierno nacional y local.

En todos los casos se le da intervención al Ministerio de Salud y a Migraciones, ya que cruzan datos con éste organismo para certificar que las denuncias sean ciertas.