Inspectores de Evo piden no cerrar talleres porteños

Política

Después de lidiar con los gremialistas criollos, le tocará hoy al gobierno escuchar las peticiones de la comunidad boliviana de boca de una delegación de altos funcionarios enviados por Evo Morales, que le reclamarán «salario mínimo y jornada máxima» además de tiempo para blanquear la situación de sus trabajadores. Todo a partir de que un trágico accidente descubriera «el trabajo esclavo».

El recurso del Gobierno porteño -dueño de las habilitaciones- de derivarles responsabilidades a las autoridades migratorias nacionales, le aseguró una interpelación de los legisladores porteños a los ministros de Gobierno -Diego Gorgal- y de Producción -Enrique Rodríguez- el viernes, donde ni siquiera se los consultó sobre las condiciones contra incendio del local afectado.

Desde una ley contra la discriminación a bolivianos, una casa para la comunidad hasta la reapertura de los talleres textiles clausurados en la Capital Federal, pedirá hoy al gobierno argentino la delegación de funcionarios que envió el presidente Morales para inspeccionar la situación de los bolivianos en la Ciudad de Buenos Aires. El grupo se reunió ayer con más de cinco mil integrantes de la comunidad boliviana a la que prometió una mejor estada en nuestro país, ya que muchos no quieren regresar a Bolivia.

La misión de funcionarios para monitorear la situación de la comunidad boliviana tras el incendio que en un taller de costura del barrio de Caballito provocó la muerte de seis personas, se reunirá hoy con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y con la ministra de Derechos Sociales del Gobierno porteño, Gabriela Cerutti.

Tres viceministros de Estado, dos legisladores y otros funcionarios llegaron el sábado a la Capital Federal y esperan tener hoy respuesta a las peticiones que formularán, después de que ayer hicieran una inspección a las instalaciones del complejo deportivo del Parque Avellaneda en la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno local alojó a unas 105 personas tras las clausuras masivas de locales textiles. Allí estaban, entre otras, las víctimas del taller de la calle Luis Viale 1269 y el propio locatario del inmueble, Luis Sillerico, de nacionalidad boliviana, según confiaron los funcionarios inspectores del país limítrofe a este diario. Sillerico compartiría el alquiler del local, propiedad de Jaime Geiler y Daniel Fischberg, con un socio argentino. En el lugar estarían viviendo unas 64 personas cuando ocurrió el incendio, algunas de las cuales habían llegado al país el 6 de enero pasado.

  • Asamblea

    En el mismo parque, pero fuera de las instalaciones, esperaba una asamblea de la comunidad boliviana, donde más de cinco mil personas escucharon atentamente, sentadas en el césped, los discursos de los viceministros de Trabajo, Coordinación de Gobierno y Relaciones Exteriores donde las promesas fueron varias. En principio los mensajes estuvieron dirigidos a los bolivianos que no quieren por ahora regresar a su país. La Argentina alberga a 38% de la población de Bolivia que reside en el exterior y es el país donde más inmigrantes hay de esa nación.

    En diálogo con este diario, el viceministro de Trabajo boliviano, Miguel Angel Albarracín, explicó que dentro de la delegación se encontraba el director general del Registro Civil. Esa presencia obedece a que Evo Morales enviará una brigada del Registro Civil de ese país para que les otorguen a los bolivianos que no los tienen los documentos que necesitan para luego tramitar la residencia argentina. El viceministro del área laboral indicó además que pedirán a las autoridades porteñas que cumplan con lo pedido por la comunidad «que no cierren más talleres, que empleados y talleristas están dispuestos a regularizar su situación en forma gradual. No se puede imponer una norma de manera radical sin conocer las consecuencias y, si bien es potestad del gobierno argentino, lo nuestro es una petición».

    Tanto alojados provisoriamente como fuera de las instalaciones del polideportivo, se encontraban tejedores, costureros y talleristas, pero además de los reclamos ante su situación laboral, los bolivianos que vienen a la Argentina quieren, que como ayer lo hicieron los peruanos, poder votar en las elecciones. Al menos los funcionarios de Moralesles aseguraron que si las distintas asociaciones que los representan se unifican y nombran a unos 15 delegados, podrán participar en la Constituyente que celebrará Bolivia en julio próximo.

    Además les prometieron la apertura de una Casa de Bolivia, para lo cual aseguran que el gobierno argentino les dará un inmueble,con la idea de unificar la cantidad de asociaciones y representaciones que, desde hace cerca de cincuenta años, están constituidas en el país, cuando se inició la gran corriente inmigratoria de naciones vecinas a la Argentina.

    Para los bolivianos que quieren regresar a su país, los funcionarios aseguraron que existenfondos de la Organización Internacional de Migraciones con los cuales los que regresen podrían incorporarse a algún emprendimiento productivo. No son todos. Ayer, dentro de las instalaciones del Parque Avellaneda, les trasmitieron a los delegados de Morales que no quieren volver.

    «Yo entiendo, quieren hacer un pequeño capital», explicó el viceministro de gobierno, Héctor Arze.

    Por su parte, el vicecanciller boliviano, Mauricio Dolfer, dijo que se creará un «observatorio de derechos humanos» para la colectividad boliviana.
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