Jubilaciones: Duhalde negocia con senadores

El gobierno intentaba anoche postergar la derogación en el Senado de los regímenes de jubilaciones especiales que, entre otras cosas, establece un tope de haberes de $ 3.100 durante un año para jueces, diplomáticos y funcionarios en general que pasaron a la clase pasiva. En la víspera, Eduardo Duhalde cenó con una veintena de senadores, y se mencionó, en última instancia, la posibilidad de vetar algunos aspectos controversiales -para evitar una pelea con el Poder Judicial-, o bien hacer una ley correctiva. Los legisladores querían que cualquier pedido para posponer el tema viniera por escrito desde la Casa Rosada. Ahí decían que era conveniente esperar a que deliberara la flamante Comisión de Reforma Previsional.

En la Cámara alta, a última hora de ayer no había consenso sobre qué hacer con el proyecto que mandó el Ejecutivo y que ya cuenta con media sanción de Diputados. Unos querían votarlo tal cual había llegado desde el ala parlamentaria de origen para no quedar ante la opinión pública como defensores de privilegios. Otros promovían modificaciones, en especial, para no reabrir un nuevo frente de tormenta institucional con Tribunales. Se supone que los magistrados cuentan con una protección constitucional en materia salarial, conocida como intangibilidad de sueldos.

• Disidencias

El dictamen del plenario de comisión que comenzó a circular anoche promovía convertir en ley la iniciativa, tal cual como vino de la Cámara baja. De todas maneras, muchos senadores firmaron en disidencia parcial, incluido el propio vice del cuerpo, el salteño Marcelo López Arias, a quien le parecía inconstitucional recortar jubilaciones de jueces que hacen en actividad aportes también especiales.

Miguel Angel Pichetto y Jorge Yoma presentaron un dictamen propio, excluyendo de la derogación a magistrados y diplomáticos. Al mismo tiempo que el renovador de Salta Ricardo Gómez Diez promovió uno propio, pero hay tiempo hasta las 12 de hoy para lanzar otros dictámenes al ruedo.

Algunos senadores se dedicaron ayer a preparar sugerencias para un eventual veto presidencial o una ley correctiva que repare errores u omisiones de la iniciativa del Ejecutivo. El dictamen de Gómez Diez podría servir de borrador de una norma correctiva que evite, entre otros efectos no deseados, una catarata de juicios contra el proyecto, una vez que se convierta en ley.

• Escala

En materia de topes, Gómez Diez propone que se establezca una escala similar a la vigente en la Ley de Solidaridad Previsional. De esta manera, sería menos arbitrario el recorte. Deberían fijarse franjas de $ 3.000 a $ 4.000, de $ 4.000 a $ 6.000 y de más de $ 6.000, con respectivos límites de haberes jubilatorios.

Hay un error en el texto remitido por el Ejecutivo, y con media sanción de Diputados, que suena a afrenta para la Cámara alta. En la cláusula 6, señala que la ANSeS deberá elevar un informe bimestral a la Comisión de Previsión Social de Diputados sobre los beneficios otorgados por los regímenes especiales. Curiosamente, se olvidó incorporar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, como si esta última no tuviera injerencia en asuntos de la clase pasiva. Se trata de una rareza, ya que Luis Barrionuevo -titular de esa dependencia-no parece una persona fácil de burlar.

• Vacantes

Gómez Diez también auspiciará mantener los artículos de la ley actual que habilitan la convocatoria de jueces y embajadores retirados para cubrir vacantes en Tribunales y en el servicio exterior, respectivamente.

En medio de las negociaciones, quedó prácticamente desechada una propuesta original de Raúl Baglini que, de manera solapada, mantenía vigentes las denominadas jubilaciones políticas. El radical de Mendoza promovía habilitar la jubilación a quienes demostraran 20 años de servicio y 8 años en cargos políticos, de manera continua o discontinua.

En la Justicia, hay antecedentes que pronostican severos conflictos en caso de que se convierta en ley la media sanción de Diputados. En cuestión de reducciones salariales por emergencia, la Corte Suprema estableció que debían ser razonables y no confiscatorias. En el reciente caso Tobar, no convalidó la rebaja de haberes porque no justificaba la aplicación del déficit cero, al mismo tiempo que consideró que la existencia de inflación después de la devaluación ya había deteriorado suficientemente los sueldos. Se descuenta que, de prosperar, el máximo tribunal declarará inconstitucional el tope de $ 3.100 para jubilaciones, durante un año.