Senado sancionó reforma light a jubilaciones de jueces y diplomáticos

Política

El macrismo presentó muy tarde un dictamen de minoría y rechazó el proyecto. Un puñado de legisladores de ese espacio no estuvo en el recinto a la hora de votar, situación que pasó desapercibida. Debate en Congreso sin conocimiento real del sistema previsional.

En medio del congelamiento y ajuste a jubilaciones generales que implementó el Gobierno desde diciembre pasado a través de la ley de “solidaridad” -festín de impuestos y emergencias-, y tras más de dos meses y medio de demora ante pedidos varios de la oposición, el kirchnerismo impuso su cómoda mayoría ayer en el Senado y sancionó con 41 votos una ley que retoca de manera muy suave los haberes previsionales de jueces y de diplomáticos, que continuarán bajo un régimen especial.

La discusión en el Congreso ratificó una penosa realidad: el poco conocimiento que legisladores y funcionarios nacionales tienen sobre la cuestión previsional. Mientras tanto, los tiempos se acortan para ejecutar una discusión global sobre el sistema jubilatorio, que pasó en las últimas décadas de las AFJP a la reestatización, la votación del 82% móvil -vetado por Cristina de Kirchner-, las moratorias sin colchón fiscal y el cambio de la fórmula de actualización de haberes que se votó a fines de 2017. Curioso: en medio del cierre del debate, la senadora kirchnerista María Inés Pilatti Vergara expresó que avalaría el texto oficial y no el de la oposición sólo por “obediencia partidaria”.

A partir de ahora, para calcular el 82% móvil en los haberes de magistrados se partirá de una base promedio de las últimas 120 remuneraciones a valores actualizados, se aumentará la edad de manera progresiva en hombres hasta los 65 años -mujeres queda fijo en 60-, y se modificará el acceso al régimen de acuerdo con la cantidad de tiempo trabajado, ya sea con 10 años seguidos en el Poder Judicial o 15 años en forma interrumpida, siempre y cuando se respeten los 30 años de aportes al sistema, entre otros puntos.

Como miembro informante por el oficialismo, el senador de extracto sindical Daniel Lovera aseguró que el sistema actual “se ha transformado de solidario a tremendamente injusto, y por eso hay que corregirlo”, y dejó claro que “no existe fundamento jurídico para sostener inequidad de tal magnitud”, como argumento ante eventuales presentaciones.

El legislador pampeano también agregó que las “correcciones” son “prudentes”, tal como argumentaron desde el Gobierno, que el déficit para este año sería de $9.000 millones en magistrados y $1.700 millones en diplomáticos, y celebró la asistencia de asociaciones de jueces y gremios al plenario que las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta realizaron la semana pasada para dictaminar el proyecto. En realidad, fueron escuchados un par de minutos cuando el despacho de mayoría ya había sido firmado por el oficialismo.

Por su parte, el macrismo, lejos de coordinar una estrategia con sus diputados -quienes se fueron del recinto ante el escándalo que regaló Daniel Scioli por el quorum en la Cámara baja- esperó hasta último momento -demasiado tarde- para presentar un dictamen de minoría mucho más ambicioso que la iniciativa oficialista y 21 senadores rechazaron el proyecto. Un puñado de legisladores de ese espacio no estuvo en el recinto a la hora de votar, situación que pasó desapercibida.

En busca de algún tipo de claridad, Juntos por el Cambio delegó la trifulca discursiva al radical Martín Lousteau. “El derrotero y la tira completa desde diciembre pasado no es eliminar privilegios, sino esconder la barbaridad que se hizo en Diputados, cuando trataron de preservar a jueces y diplomáticos del congelamiento a jubilados que ganan $20.000”, manifestó. El legislador radical también recordó un mix de datos aportados por funcionarios nacionales, la oposición y la Oficina de Presupuesto del Congreso: los magistrados tienen una movilidad del 93%, mientras que en el servicio exterior es del 85% -se calculan sobre el bruto, a diferencia del resto-; ambos tuvieron un reconocimiento del 35% extra durante el último año que el resto de los jubilados; y que los beneficiarios son sólo el 3,5% del total de los regímenes especiales, pese a que “se llevan el 10% de los recursos”.

Lousteau luego destrozó el proyecto kirchnerista. Para el senador, “la escala gradual para modificar la edad jubilatoria está mal calibrada matemáticamente, al igual que los cargos alcanzados por el anexo de la iniciativa”. También criticó el artículo 16, que dinamitará la posibilidad de convocar a jueces jubilados para subrogar, lo cual dejará mayor cantidad de espacios para ser ocupados por magistrados que pasen por la lupa oficialista.

De allí el dictamen empujó el macrismo -de nuevo, muy tarde-, que proponía llevar a los regímenes al sistema general para que “sean tratados como cualquier hijo de vecino y ser solidarios”; solicitaba que la Secretaría de Seguridad Social advirtiera, todos los años, los costos y solvencia de los regímenes especiales -como, por ejemplo, docentes, Luz y Fuerza, Camioneros-; y respetaba los años aportados bajo la modalidad actual para que pudieran acoplarse a la legislación futura. Un dato no menor: el despacho también exigía que retirados realizaran una “contribución solidaria” para “solventar el déficit y que no recaiga en los aportantes del régimen general”.

Como trasfondo de la iniciativa, aparece el intento que el macrismo le enrostra al kirchnerismo en cuanto a colonizar la Justicia. Esa premisa fue resaltada por la radical Silvia Giacoppo, mensaje calificado de “agraviante” por el legislador oficialista Mario Pais.

Los cierres estuvieron a cargo de los formoseños Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio) y José Mayans (Frente de Todos), aunque no fueron tan contundentes como en otras ocasiones. El primero al menos apuntó a la discusión de poder que plantea el kirchnerismo desde “cómo se cubren las vacantes -judiciales- en la Argentina, ya que creen en un pensamiento que debe responder al alineamiento partidario, como -la agrupación cristinista- Justicia Legítima”. En tanto, el segundo machacó el déficit en el sistema previsional de $600.000 millones que quedó tras la gestión macrista.

Quien no la pasó bien ayer fue la titular del cuerpo, Cristina de Kirchner. Durante el inicio de la sesión, tuvo intervenciones muy erráticas ante dardos entre oficialistas y opositores por cuestiones de privilegio. Se discutía sobre dichos relacionados con el conflicto sobre el campo y las retenciones, e incluso una histórica disputa entre pampeanos y mendocinos por proyectos de represas y el impacto en los ríos que comparten los distritos. Pero lo más importante y urticante fue el pase de facturas por la detenida -con domiciliaria- Milagro Sala y la búsqueda de un legislador K para intervenir la Justicia de Jujuy. Sobre este punto, el soldado cristinista Oscar Parrilli precisó: “A confesión de partes, Milagro Sala… relevo de pruebas”.

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