Juzgarán a 5 exjueces por rol en dictadura

El exjuez Otilio Romano durante su fuga a Chile.

El subsecretario de Derechos Humanos de Mendoza, Juan Manuel González, afirmó que juzgar a los exjueces acusados de complicidad con la dictadura cívico-militar "será un hito y marcará un importante precedente a la hora de juzgar el rol de la Justicia en el genocidio".

"Es un juicio emblemático porque se juzgará a jueces dentro del funcionamiento de un bloque de represores. No ha sido fácil investigar la complicidad de la Justicia con la dictadura, existió mucha resistencia", señaló González en diálogo con Infojus Noticias. .

El funcionario sostuvo que el debate, que comenzará el 17 de febrero y tiene como imputados a cinco exjueces, "será un hito y marcará un importante precedente a la hora de juzgar el rol de la justicia en el genocidio".

González comentó además que están esperando que el Cuerpo Médico Forense "chequee los certificados médicos de los represores para que no exista ningún obstáculo ni demora en el arranque de las audiencias".

El 17 de febrero, después de dos años de investigación, comenzará "el juicio a jueces" -como se lo conoce en el ámbito judicial mendocino- acusados de complicidad con el terrorismo de Estado. Además de los cinco jueces estarán sentados en el banquillo de los acusados militares y policías, sumando 41 los imputados que serán juzgados.

Los procesados son el destituido Luis Miret, que fue subrogante y luego juez designado durante la dictadura, de la misma forma que ocurrió con Otilio Romano, también destituido por el Consejo de la Magistratura y extraditado de Chile. A estos dos se suman otros tres exmagistrados: Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo.

Los cinco exfuncionarios judiciales están acusados de no haber investigado denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus despachos en forma de hábeas corpus y otros recursos.

González explicó que la causa se centrará en los secuestros y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el "D2" (Departamento de Información 2 de la policía de la provincia de Mendoza), el máximo centro clandestino en la provincia.

"Las causas de este juicio fueron muy trabajosas porque nos costó juntar a los acusados. Romano estuvo prófugo en Chile, pero no es el único caso, ya que seguimos buscando a dos prófugos. Además, tenemos dos causas puntuales esperando ser elevadas a juicio. Cuando resolvamos este problema, elevaríamos a 43 la cantidad de acusados", detalló.

El juicio, que se estima durará dos años, incluye, en total, más de doce causas e involucra a cien víctimas, de las cuales 37 están desaparecidas. Las víctimas sufrieron privaciones de la libertad, fueron sometidas a torturas y algunas quedaron con lesiones y/o perdieron parte de su patrimonio debido a los robos, considerados "botín de guerra". A estos se suman varios casos de encubrimiento, junto a una supresión de identidad y sustracción de una bebé.

Además, por primera vez en Mendoza, serán juzgados los ataques sexuales contra cuatro militantes mujeres bajo la figura de "violación encuadrada como delito de lesa humanidad".