La Corte Suprema de Justicia dictaminó que el Gobierno nacional y el de Mendoza deben informarle en 15 días las medidas que se tomaron para cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se tramita una denuncia por las condiciones de alojamiento de los presos en esa provincia.
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En una resolución difundida hoy, los ministros del máximo tribunal hicieron lugar al pedido de un grupo de abogados demandantes y emplazaron a que en 15 días se informe si -como dictaminó el tribunal internacional- se tomaron "decisiones concretas" y se realizaron actos para "impedir y superar la situación de riesgo e inseguridad que padecen los internos" en las cárceles provinciales.
La decisión está dirigida contra el Presidente y a un aliado importante en la convocatoria a la concertación oficialista. Pero responde, también, a un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones son obligatorias. Hace ya varios años el organismo internacional viene reclamando sin éxito que la Argentina adopte medidas que solucionen las graves violaciones de los Derechos Humanos que se producen en la Penitenciaría mendocina.
La Corte Interamericana, el máximo tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó en particular que se separaran a los adultos de los adultos-jóvenes alojados y a los procesados sin condena de los ya condenados.
Ante esta situación, "la Corte debe requerir informes al Estado Nacional y a la provincia de Mendoza para que pongan en conocimiento del Tribunal cuáles han sido las medidas concretas adoptadas en el marco de las 'medidas provisionales' dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", explicaron los jueces.
El máximo tribunal justificó su decisión en la "gravedad de la situación" basada "en la advertencia de la Corte Interamericana sobre las consecuencias del carácter obligatorio de las medidas provisionales" que se ordenaron el 30 de marzo último ante la demanda presentada por el estado de tres cárceles provinciales.
En particular la Corte requirió informes sobre lo hecho en la Penitenciaría provincial de Mendoza y en la de la de Gustavo André, en la localidad de Lavalle.
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