La historia detrás del laudo: los argumentos y una pulseada

Romina Picolotti

Un país cuyo gobierno simula vivir a espaldas del mundo -parece forzarlo a ello su ideología antiglobal- se sorprendió anoche festejando un logro en el terreno internacional en una pelea que no eligió y a la que fue arrastrado a regañadientes.

La crisis con el Uruguay por la instalación de las plantas de celulosa contaminantes de Fray Bentos escaló, en efecto, menos como fruto de una estrategia y más como consecuencia de errores y demoras diplomáticas sobre un tema que se pudo negociar mejor y resolver con menos daño para todas las partes.

Eso explica que el fallo unánime que rechazó las pretensiones del Uruguay de sanciones políticas y dinerarias a la Argentina por haber consentido los cortes de accesos a ese país no estuviera en ninguna de las previsiones del gobierno. Hasta la última semana, la administración Kirchner se preparaba para una derrota -el árbitro de la parte argentina en el Tribunal del Mercosur había informado que podía ofrecer cuanto más que los argumentos de Buenos Aires figuras- en en la redacción de los considerandos del laudo pero no en la parte resolutiva. Anoche celebraban en Casa de Gobierno: «Por lo menos un empate de visitantes, suma un triunfo», se escuchó en el despacho presidencial.

Con las horas se advertirá la importancia que tiene este laudo para el país: resguarda la actitud de los vecinos de Gualeguaychú en defensa de un medio ambiente libre de contaminación y consiente el método de protesta como último recurso para movilizar a la burocracia en la búsqueda de alguna solución, un argumento que algún piquetero querrá usar para otros fines.

La neutralidad expresiva del laudo, claro, motivaba anoche en Montevideo titulares que afirmaban que la partida la había ganado Uruguay porque le había advertido a la Argentina que los cortes no se condicen con el principio de la libre circulación. Pero lo que el gobierno de Tabaré Vázquez buscaba no lo logró: que se sancionase política y económicamente a la Argentina sobre el supuesto -que rechaza el laudo- de que su gobierno usó los cortes de rutas como un mecanismo de presión. Rechazó también la queja sobre daños económicos como resultado de esos cortes y reconoce que no haber reprimido -como lo pedía Uruguay- fue un recurso razonable y de buena fe, criterio que dice el fallo cree que animará los pasos futuros de la Argentina.

Para un país como la Argentina que no logró que el Tribunal de La Haya frenase la construcción de las plantas de celulosa, este laudo tiene importancia porque además fue unánime, no deja muchos resquicios para una apelación uruguaya ante el Tribunal del Mercosur con sede en Asunción del Paraguay y lo produjo además un tribunal cuya integración había impugnado la Argentina desde su constitución. La estrategia que eligió el gobierno se discutió en despacho de la Presidencia frente a los abogados de la Cancillería era discutir la jurisdicción, la integración del tribunal y todas las instancias del proceso. Una «defensa en cascada», como imaginó el inspirador de la defensa, el constitucionalista Héctor Masnatta.

Este abogado fue designado árbitro por la parte argentina para integrar el tribunal, pero renunció luego de trazar la estrategia cuando el gobierno lo designó director en representación del Estado en Repsol YPF. Experto en arbitrajes -integra el tribunal que discute un reclamo de los constructores de Yacyretá- a este abogado se debió el gesto de recurrir al auxilio del politólogo Roberto Gargarella, que ha desarrollado en libros el argumento de que la protesta callejera en este caso es una forma de ejercer el derecho de expresión.

Esos argumentos fueron desarrollados por la jefa de abogados de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti; la abogada Romina Picolotti (antes de asumir la secretaría ambiental)y el constitucionalista Juan Vicente Solá, firmante de la demanda. Los defendió el árbitro de la parte argentina, Enrique Barreira, a quien se debe el esfuerzo del fallo unánime que es un inusual logro argentino en materia internacional.

En la decisión del tribunal pesaron dos argumentos que opuso la Argentina ante la pretensión del Uruguay: uno es analítico y el otro de jurisprudencia. El primero es haber elegido como fundamento de la defensa que el corte de los accesos fue una forma que tuvieron los vecinos de Gualeguaychú de ejercer el derecho de expresión. Ese derecho, dijo la demanda, tiene jerarquía supraconstitucional por los tratados internacionales incorporados a la Constitución de 1994, y domina por sobre el otro derecho, el de la libre circulación.

Objetivo

No hubiera habido cortes, agregaba la demanda, si el Uruguay no hubiera avanzado en la construcción de las plantas sin las consultas previstas en el Tratado del río Uruguay. Esos cortes no perseguían arruinar la economía uruguaya ni hacerles la vida imposible a los turistas sino impedir las construcciones.

El segundo argumento fue un hallazgo en la jurisprudencia europea, la sentencia a favor del gobierno de Austria ante la demanda de una compañía de transportes porque no había reprimido un corte de rutas en ese país organizado por ambientalistas que protestaban por la eventualidad de que se transportasen materias peligrosas.

Esa sentencia del Tribunal de Luxemburgo -la Suprema Corte de Justicia de la Unión Europea- se introdujo como base argumental del derecho de los vecinos de Gualeguaychúa protestar y en defensa de la no represión de esas manifestaciones.

Inevitable que estos dos argumentos no los aprovechasen los críticos del piqueterismo criollo que alentó el gobierno desde la era Duhalde como una forma de acción política que no tiene nada que ver con esta manifestación de los vecinos entrerrianos, que no buscaron prebendas ni poder sino manifestarse con una energía que les faltaba a los funcionarios.

Uruguay percibió ese filón y por boca de uno de sus voceros se refirió a la Argentina, con ironía, como la «República Occidental Piquetera»; también incluyó en los alegatos de parte en este tribunal copia de artículos de periodistas argentinos que sostenían la misma posición para confrontar con la postura argentina defendida hacia afuera como si fuese una participación de activismo piquetero doméstico.

Raro que al país se le reconozca algo en tribunales internacionales y más cuando la Argentina ha jugado una cuestión de principios -de los vecinos, más que del gobierno-. Este actuó tarde pero empleó todos los recursos técnicos que tenía a la mano, incluso los propios de un litigio con fintas procesales que explotaron más de una desprolijidad del trámite siguiendo el criterio de la «defensa en cascada».

El sorteo de los árbitros fue impugnado por la Argentina por irregular; también el reemplazo del primer presidente del tribunal por el español que actuó al final, por provenir de España, país de una de las empresas que construyen en Fray Bentos. Nada de eso prosperó pero seguramente los árbitros vieron que la Argentina actuaba con firmeza, algo que seguramente los forzó a dar un dictamen unánime.