La obra social Osprera, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que está intervenida por el Gobierno nacional, emitió órdenes de pago a la droguería Suizo Argentina por unos de $7.700 millones. Los mismos fueron durante cinco meses y la investigación se enmarca en la causa de la ANDIS.
La obra social Osprera hizo pagos a la droguería Suizo Argentina por $7.700 millones en cinco meses
Se trata de más de 190 transferencias. Los pagos se hicieron entre noviembre de 2024 y fines de marzo de 2025.
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La obra social Osprera pertenence a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), controlada por el Gobierno.
La droguería es investigada por presuntos sobornos en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) por más de $7.700 millones en los primeros cinco meses de la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo. Entre noviembre de 2024 y fines de marzo de 2025, los interventores designados por la Casa Rosada hicieron transferencias para abonar 193 facturas para la compra de fármacos.
Osprera hizo pagos a la droguería Suizo Argentina por más de $7.000 millones
La compra fue en razón de un convenio para la provisión de medicamentos oncológicos costosos, informó La Nación. Osprera es la tercera obra social del país y luego de que el Gobierno dispusiera intervenirla, por medio de un decreto, comenzó una tensión judicial entre el Ejecutivo y el actual jefe de la UATRE, José Voytenco.
El hombre, oriundo de Chaco, es un dirigente involucrado en una denuncia por presunto lavado de dinero y mantiene una puja con su principal adversario en el sindicato, el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Pablo Ansaloni.
La primera interventora oficial es Virginia Montero, quien pudo comenzar a controlar Osprera a fines de octubre, amparada en una medida cautelar del juez federal Federico Villena, de Lomas de Zamora.
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El escándalo entorno a las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sigue sumando episodios. En las últimas horas, trascendieron nuevos audios atribuidos al el exfuncionario Diego Spagnuolo donde se apunta nuevamente contra el armador libertario Eduardo “Lule” Menem, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y, además, también se suma un nuevo blanco de las críticas: el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Mientras se conocen nuevos audios, la Justicia realiza un análisis preliminar del teléfono secuestrado de Spagnuolo. El celular del extitular de ANDIS no registra mensajes con el presidente Javier Milei y su hermana Karina, y revela, un análisis preliminar, pone en el centro la hipótesis de que se habrían borrado mensajes selectivamente y de forma manual hace una semana.
En el inicio de la nueva tanda de audios, el extitular de la agencia hizo referencia a las droguerías que proveían de medicamentos a ANDIS: “Están todas las empresas calientes. Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar”.
La intervención de Osprera "vino a cortar curros"
La obra social sacó un comunicado al respecto anunciando que "Osprera informa que al asumir la intervención el pasado 28 de noviembre de 2024, se ordenó una auditoría integral que reveló una situación de emergencia en la institución: una deuda total de $97.889 millones".
Según siguió el comunicado, también se registró "un déficit mensual superior a los $5.000 millones, múltiples prestaciones médicas caídas y una alarmante interrupción en la entrega de medicamentos esenciales".
Así, "se priorizó la restauración urgente de los servicios de salud y la normalización del suministro de medicamentos, que habían sido suspendidos por falta de pagos acumulados en gestiones anteriores. Toda nuestra gestión está apuntada a los afiliados".
En este marco, se firmaron compromisos de pago "con más de 30 entidades acreedoras de la obra social en todo el país; entre ellas hospitales, clínicas, prestadores médicos, droguerías y proveedores estratégicos como farmacias y redes odontológicas".
La compra de medicamentos y prestaciones médicas implicó un gasto "hoy del 75% total que realiza esta Obra Social". Así, detalló que antes de la intervención, "este gasto era de 66% y se privilegiaban gastos operativos y de personal. Aquí también se cortaron privilegios y curros".
Por último, expresaron unas palabras para "los afiliados y la opinión pública": "Todo esto se hizo de manera transparente, en público y por escrito, con el único objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones, la provisión de medicamentos y sanear progresivamente el déficit en función de la capacidad real de pago".
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