La oposición tiene dictamen para tratar el acceso a la información pública

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de mayoría y otros tres de minoría sobre el proyecto Información Pública que podrían ser debatidos en el recinto en dos semanas.

Los dictámenes surgieron de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, donde se emitieron dictámenes de proyectos que fijan pautas al Estado y a otros organismos y empresas para que estén obligados a otorgar información a los ciudadanos.

El proyecto de mayoría obtuvo el respaldo del radicalismo, del peronismo federal y del PRO y fue firmado con disidencias parciales por el GEN, el socialismo y Nuevo Encuentro. La Coalición Cívica redactó un dictamen propio, al igual que el oficialismo que acompañará un proyecto de Juan Pais, a excepción de Diana Conti, quien anunció que firmará por su cuenta una iniciativa propia.

El punto que marcó más diferencias fue el referido a la autoridad de aplicación: la mayoría opositora acompañó la idea de que exista una Autoridad de Aplicación para cada ámbito, con miembros elegidos con acuerdo parlamentario y removidos con mayoría absoluta de una sola de las cámaras del Congreso Nacional. Esa cuestión recibió las disidencias parciales del GEN, el Socialismo y Nuevo Encuentro, aunque expresaron su respaldo al contenido general de la norma.

Según la iniciativa, cualquier ciudadano podrá exigir información a cualquiera de los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a las empresas y sociedades del Estado, a los sindicatos, a organismos creados por la Constitución y a grupos empresarios.

Todos ellos deberán responder en un plazo de diez días -renovables por diez más- cualquier requerimiento de información y estarán supervisados por autoridades de aplicación, con funcionamiento autónomo en cada ámbito, según el proyecto.

Para el caso del Poder Ejecutivo, el dictamen de mayoría crea la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), como órgano descentralizado, que actuará con plena autonomía funcional y autarquía financiera y será la Autoridad de Aplicación.

Un presidente y cuatro vocales conformarán la Caip y durarán cinco años en sus cargos, con una sola posibilidad de reelección.

Además, el proyecto establece penalidades para la falta de respuesta, la respuesta incompleta y el incumplimiento de resoluciones fijadas por la Autoridad de Aplicación que prevén suspensiones sin goce de haberes de hasta 30 días y cesantías.

En última instancia, la norma prevé habilitar a continuar los reclamos por incumplimiento de esta ley ante los tribunales de primera instancia con competencia en lo contencioso administrativo federal.

Al respecto, el diputado nacional de la UCR por Jujuy, Miguel Giubergia, celebró el dictamen firmado en el plenario de la Cámara baja. Hoy dimos un gran paso frente a la ausencia de una reglamentación sobre este tema, enfatizó el legislador. Y agregó que lamentablemente, nuestro país es uno de los pocos de América Latina que todavía no tiene una ley nacional de acceso a la información pública.

La libertad de acceso a la información es el mejor antídoto contra los actos de corrupción, reiteró el diputado jujeño y amplió esto constituye una estrategia efectiva de control, que se patentiza, indirectamente, en el mejoramiento o perfeccionamiento de la gestión de la cosa pública.