La reforma del Estado no es sólo echar gente

Cuando un país complejo como la Argentina debe abordar la solución de problemas también complejos, como por ejemplo la reforma del Estado, no faltan visiones fundamentalistas cuyo icono es una gran tijera. Esta concepción antepone la cantidad del gasto a su calidad, y considera que los funcionarios -sean quienes fueren-no tienen capacidad ni voluntad para mejorar la gestión pública. Un doble error.

El gobierno tiene una voluntad política de sentar las bases de un Estado austero, eficaz, transparente y responsable, que actúe al servicios de los ciudadanos. Y tiene la capacidad política de encarar esa tarea con procedimientos democráticos, participativos, federales.

La política de modernización del Estado es liderado por el presidente de la Nación e instrumentada por el jefe de Gabinete de Ministros. Difícilmente pueda pensar que Fernando de la Rúa y Chrystian Colombo estén preocupados por perder sus actuales empleos como resultado de la modernización del aparato estatal, como se sugiere en un artículo publicado días atrás en este diario.

Simplificación

Suponer que la cuestión del Estado se resuelve con el simple recurso de echar gente, con más ajuste salarial o volviendo al aparato público de los años '30 resulta simplificación burda de la realidad, que puede ser ingenua -y sería ingenuo que lo eso interesada. En cambio, el gobierno decidió que la columna vertebral de la reforma es la optimización de los recursos para brindar más y mejores servicios a la gente.

No sólo es deseable, sino que es posible modificar la cultura improductiva arraigada en la administración pública. Es posible construir un Estado de alta calificación al servicio de la gente, mejorar la calidad de sus instituciones y ganar en eficiencia para que pueda competir en igualdad de condiciones con la actividad privada. Es así como se mejora la calidad del gasto público.

Acciones

Para encarar la modernización del Estado -dirigida en una primera etapa por el vicepresidente de la Nación y ahora por el jefe de Gabinete-se llevaron a cabo las siguientes acciones: se diseñó el Plan Nacional, se iniciaron las conversaciones con las provincias para sentar las bases -como lo indica el Pacto Fiscal-del Pacto Federal de Modernización del Estado Argentino, se firmaron cartascompromiso con una decena de organismos para mejorar y auditar su funcionamiento y se están realizando transformaciones importantes en el Ministerio de Defensa, ANSeS, PAMI y AFIP, entre otras instituciones públicas.

Para reafirmar este camino, el Presidente firmó el 25 de enero el Decreto 103/01, criticado por los detractores del Estado, que es el resultado del debate y la búsqueda de consensos emprendidos el año pasado. Los primeros lineamientos estratégicos de diversos actores representativos de la comunidad: empresarios, sindicatos, universidades y organizaciones no gubernamentales.

En el marco de una política de incentivos y sanciones, en el artículo 6 del citado decreto se plantea como un estímulo institucional la posibilidad de que 75% de los ahorros que generen las instituciones (y que no afecten la calidad y cantidad de los servicios que se presten) se destinen a premiar a sus funcionarios. Esta disposición representa una aplicación práctica de algunas de las disposiciones que, sobre los acuerdos programa, contempla la Ley 25.152 de Solvencia Fiscal, aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional, donde está representada la mayoría de los partidos políticos.

Con el objeto de profundizar aún más el carácter democrático de la política emprendida, el Decreto 103 también impulsa nuevos criterios para administrar la cosa pública, y la constitución de tres comisiones mixtas con el objeto de garantizar la activa participación de los distintos actores involucrados en el proceso de modernización.

Sabemos que el gobierno no puede dar cuenta por sí solo de una cuestión de tal complejidad. En este sentido, para dar una respuesta efectiva e inteligente a la cuestión de la macroestructura del aparato estatal -uno de los pilares de la política de modernización del Estado-, se firmó un convenio de asistencia técnica con CEPAL, una de las entidades más prestigiosas y con mayores antecedentes en América latina en materia de economía del sector público.

Participación

Convocaremos además a empresas consultoras, ONG y expertos para que nos ayuden, pero no buscaremos manos «salvadoras» ni pensamientos «iluminados» que aparentemente tienen todas las respuestas para resolver los problemas del Estado. En algunos casos esos pensamientos desconocen cómo funciona el sector público; en otros, esas manos, a su paso por el Estado, no produjeron transformación alguna.

La idea es que todos los actores involucrados participen en la modernización del Estado para que este esfuerzo no se reduzca a un nuevo maquillaje. No habrá resultados de un día para el otro. Países distintos como Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra y Chile continúan sus procesos de reforma iniciados hace más de una década. La modernización debe estar en la agenda de todos los gobiernos interesados en tener un Estado mejor al servicio del crecimiento y de los ciudadanos. Debe plantearse como una necesidad permanente, no circunstancial, que supere las visiones dogmáticas, tales como el funcionamiento antiestatal que considera innecesaria la existencia de un Estado al servicio de las mayorías nacionales.