La sombra de Astiz acompaña a Cristina en el viaje a París
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Cristina Kirchner
El abogado de Astiz dice tener pruebas de la participación de los franceses en una investigación que está a cargo del juez parisino Gérard Caddeo que se abrió en 2003 y había llamado a indagatorias a conspicuos funcionarios de aquel momento: Valéry Giscard d'Estaing, presidente entre 1974 y 1981; Pierre Messmer, ex primer ministro, y a un diplomático de la Embajada de Francia en la Argentina, durante el ejercicio del embajador François de la Gosse.
Las monjas desaparecidas pertenecían a la orden Société des Missions Etrangères (Congregación de Misiones Extranjeras de París). Esta congregación había actuado en tareas de evangelización en Indochina, primer escenario de las acciones de lucha contrainsurgencia del ejército francés, que luego se aplicarían en Argelia y en las dictaduras latinoamericanas.
Se sabe que la orden religiosa marcaba desde entonceslos excesos de los militaresfranceses y de grupos paramilitares secretos adiestrados por sus oficiales.
La Cancillería entró a la controversia y deberá oficiar como intermediaria en los trámites para requerir las pruebas solicitadas por la defensa de Astiz, claro si el juez de la causa accede al pedido. Horacio Méndez Carreras es abogado en la Argentina de las familias de las religiosas francesas y además embajador político y Representante Especial de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quizá se tenga que apartar de una de las dos actividades por esa cuestión de la ética profesional. El doble comando, desde la función pública y la actividad privada, en un mismo conflicto de intereses: decidir si Francia tuvo o no que ver en el secuestro de las monjas parece a todas luces incompatible. El pedido que hizo Astiz y también antes Antonio Pernías para que se evacue una serie de pruebas que vincularían a Francia con la instigación para el secuestro de las religiosas debería pasar por el asesoramiento del funcionario Méndez Carreras. Este letrado/funcionario usó medios de comunicación estatal (un parte de prensa fechado el 18 de enero, en la página de Internet del ministerio) para convocar al público a las sesiones de declaración ampliatoria que cumplieron la semana pasada los imputados en la causa de desaparición de Domon y Duquet. ¿Lo hizo como funcionario de la Cancillería o como letrado de particulares? Ya se sabe que la presión de la opinión pública suele condicionar las resoluciones de la Justicia.
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