29 de enero 2007 - 00:00

La sombra de Astiz acompaña a Cristina en el viaje a París

Cristina Kirchner
Cristina Kirchner
La irrupción de la violencia setentista en la agenda de la política de derechos humanos del gobierno a raíz de la investigación a María Estela Martínez de Perón («Isabelita») amenaza con extenderse también al plano internacional involucrando a Francia. Esta semana, el ex marino Alfredo Astiz insistirá en la «conexión francesa» que habría operado según él durante la represión clandestina de los guerrilleros en la guerra sucia. Volverá con un pedido de captura de un agente de inteligencia de aquel país que habría participado en el secuestro de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet. En Francia, avanza una investigación sobre Maurice Jaeguer, quien desapareció en Tucumán en 1975, y la Justicia gala reclamaría la declaración de dos testigos: «Isabelita» y Carlos Ruckauf.

Todo sucede en vísperas del tour a París de Cristina Fernández, quien en representación directa de Néstor Kirchner firmará un convenio internacional sobre la desaparición forzada de personas, impulsado por la Argentina y Francia, que fue aprobado por las Naciones Unidas. El acto encabezado por Jacques Chirac será el próximo 6 de febrero, en el Quai D'Orsay, sede de la Cancillería francesa.

  • Regreso

  • Como el yo-yo, ese juguete infantil, el pasado de la lucha contra la guerrilla y sus efectos políticos en el peronismo regresan a la mano de Néstor Kirchner aunque se empeñe en tomar distancia. No tiene más separación que la longitud del cordel que él mismo lió desde el comienzo de su gestión, cuando lanzó la revisión de los derechos humanos ya superada por la sociedad lo mismo que la afición a aquel juguete.

    Astiz se beneficia por el decreto que firmó Kirchner que relevó de la obligación de mantener el secreto de Estado que impone la ley de inteligencia nacional a los militares involucrados en delitos contra los derechos humanos cometidos en la lucha contra el terrorismo de Montoneros, ERP, FAR y demás organizaciones. Pedirá la lista de los diplomáticos (incluidos los agregados militares) que ocuparon cargos en la Embajada de Francia desde 1975 a 1983, reiterará el reclamo para que se identifique y detenga al ex agente de la OAS (Organisation de l'Armée Secrète) Bertrand de Parseval señalado por una madre de Plaza de Mayo ( Rosario Cerruti) como miembro operativo en el secuestro de la monja Domon, expondrá las acciones instigadoras del gobierno francés en los regímenes militares de la época y su aplicación en el país. El hilo defensor apunta a poner en negro sobre blanco qué papel jugó Francia en la guerra antiterrorista, hecho que explicaría, según él, la presión que mantuvo por años para lograr la extradición del ex marino.

    El abogado de Astiz dice tener pruebas de la participación de los franceses en una investigación que está a cargo del juez parisino Gérard Caddeo que se abrió en 2003 y había llamado a indagatorias a conspicuos funcionarios de aquel momento: Valéry Giscard d'Estaing, presidente entre 1974 y 1981; Pierre Messmer, ex primer ministro, y a un diplomático de la Embajada de Francia en la Argentina, durante el ejercicio del embajador François de la Gosse.

  • Evangelización

    Las monjas desaparecidas pertenecían a la orden Société des Missions Etrangères (Congregación de Misiones Extranjeras de París). Esta congregación había actuado en tareas de evangelización en Indochina, primer escenario de las acciones de lucha contrainsurgencia del ejército francés, que luego se aplicarían en Argelia y en las dictaduras latinoamericanas.

    Se sabe que la orden religiosa marcaba desde entonceslos excesos de los militaresfranceses y de grupos paramilitares secretos adiestrados por sus oficiales.

    La Cancillería entró a la controversia y deberá oficiar como intermediaria en los trámites para requerir las pruebas solicitadas por la defensa de Astiz, claro si el juez de la causa accede al pedido. Horacio Méndez Carreras es abogado en la Argentina de las familias de las religiosas francesas y además embajador político y Representante Especial de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quizá se tenga que apartar de una de las dos actividades por esa cuestión de la ética profesional. El doble comando, desde la función pública y la actividad privada, en un mismo conflicto de intereses: decidir si Francia tuvo o no que ver en el secuestro de las monjas parece a todas luces incompatible. El pedido que hizo Astiz y también antes Antonio Pernías para que se evacue una serie de pruebas que vincularían a Francia con la instigación para el secuestro de las religiosas debería pasar por el asesoramiento del funcionario Méndez Carreras. Este letrado/funcionario usó medios de comunicación estatal (un parte de prensa fechado el 18 de enero, en la página de Internet del ministerio) para convocar al público a las sesiones de declaración ampliatoria que cumplieron la semana pasada los imputados en la causa de desaparición de Domon y Duquet. ¿Lo hizo como funcionario de la Cancillería o como letrado de particulares? Ya se sabe que la presión de la opinión pública suele condicionar las resoluciones de la Justicia.
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