28 de diciembre 2000 - 00:00

La Tablada: bajan penas sin libertades inmediatas

El decreto de reducción de penas a los terroristas de La Tablada que firmará en la mañana de hoy Fernando de la Rúa tenía ya anoche la firma de todos los ministros del gabinete a quienes el Presidente les exigió estamparla como un gesto de fuerza hacia adentro del gobierno. El decreto reduce penas de los 13 presos por el ataque de La Tablada, pero no produce la libertad inmediata de ninguno de ellos. Esa reducción les permite, sin embargo, acceder cuando cumplan los 2/3 de las condenas y hayan observado buena conducta durante la detención, a una libertad provisional. Eso podrá ocurrir, en el mejor de los casos, recién a mediados del año 2002.

La norma la explicará el Presidente en un spot por TV donde aparecerá rodeado de sus ministros (salvo Adalberto Rodríguez Giavarini, quien viajó a Italia anoche después de firmar el decreto) en razones humanitarias y como la máxima reparación a la que puede acceder el gobierno luego de que fracasasen en la Justicia y en el Congreso el pedido de la OEA de que se les diera una segunda instancia judicial a esos condenados. Así como no implica la libertad inmediata de ninguno de los terroristas tampoco afecta la situación de Enrique Gorriarán Merlo, que ya fue juzgado en dos instancias.

Tanta pompa en el anuncio tiene una razón: el gobierno está ya resignado a que este gesto de firmar el decreto no conformará a ninguno de los protagonistas de este culebrón:

Los terroristas ya han dicho que no levantarán la huelga de hambre que llevan adelante hace 115 días si no les dan una libertad inmediata. El gobierno responderá que hace todo lo que está a su alcance fijando nuevas penas y sin llegar al indulto, que es en realidad lo que quieren los seguidores de Gorriarán Merlo.

Los militares también se quejarán de esta medida que alivia la situación de terroristas que cobraron vidas en un ataque que nunca tuvo ni una explicación por falaz que fuera.

El gobierno queda dividido hacia adentro por la puja de sectores sobre cuál debía ser la solución.
Ricardo López Murphy y Chrystian Colombo siempre dijeron que no debían aceptarse presiones de los huelguistas. Rodríguez Giavarini pidió alguna solución para no sufrir más planteos en sus viajes por el mundo. Fede-rico Storani y Diana Conti, a quienes los terroristas corrieron por izquierda, temen pasar a la historia, como Margaret Thatcher, como victimarios de huelguistas de hambre. Jorge de la Rúa creyó que con un decreto podía crearse una nueva instancia judicial en debate sordo con un predecesor en la cartera de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, quien aconsejó desde el llano nunca buscar solución alguna por decreto. También observó que J. de la Rúa no actuó en la Cámara de Casación ni en la Corte con la pericia suficiente como para lograr fallos favorables al gobierno en este asunto.

Comprendidos

Las reducciones que firmaban anoche los ministros son las siguientes:

La condena de
Roberto Felicetti (reclusión perpetua) se reduce a 25 años de prisión, con lo cual cumplirían las dos terceras partes de la condena en el año 2006.

La condena a
Claudia Acosta (reclusión perpetua) se reduce a 22 años de prisión. Los 2/3 de la condena se cumpliría en el año 2004.

Las condenas de
Miguel Aguirre, José Moreira, Carlos Motto, Sergio Paz, Luis Díaz, Gustavo Messutti, Claudio Veiga, Claudio Rodríguez, Luis y Sebastián Ramos (prisión perpetua) se reducen a 20 años. Los 2/3 se cumplen a mediados de 2002. Los dos Ramos, por ser de origen español, están cumpliendo la pena desde octubre de 1998 en España.

El ministro de Justicia y presidencial hermano
Jorge de la Rúa confirmó a media mañana el decreto que se comenzó a firmar anoche y recordó que el terrorista Guillermo Maqueda ya en 1994 se había beneficiado con la conmutación de su pena cuando el entonces presidente Carlos Menem le suprimió por decreto los años de cárcel pendientes y recuperó la libertad. Esa medida lo camufló en una larga lista de delincuentes comunes a quienes también se les redujo la pena. Maqueda, detenido en mayo de 1989, fue juzgado en 1990 y sentenciado a 10 años de prisión y, como los demás condenados, a excepción de Enrique Gorriarán Merlo y Ana María Sívori, no tuvo la posibilidad de apelación tal como lo establece la Ley de Defensa de la Demo-cracia. J. de la Rúa, además, rechazó que el decreto de conmutación de penas pueda ser cuestionado por inconstitucional a raíz del hecho de que los terroristas presos hayan atentado contra el orden institucional. El ministro explicó que cuando el gobierno anterior « utilizó ese mecanismo y ningún fiscal, juez o Tribunal examinó si violaba la Consti tución». «Es una facultad del Poder Ejecutivo exclusiva y excluyente que llegado el momento lo ejercerá con total racionalidad y con informe penitenciario, del Tribunal y con un examen de cada uno de los condenados en particular»

Con respecto al estado de salud de los detenidos, el ministro indicó que su estado «
es normal» pero advirtió que « hay una tendencia a la descompensación que se va acentuando, aunque ninguno está en riesgo serio de salud».

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