La reforma política que impulsa el Ejecutivo provincial contiene otros aspectos de importancia que tienen la ventaja, en principio, de no ser temas conflictivos.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Uno de ellos es el referido a la unificación del mandato del gobernador. Esta distorsión se arrastra desde que Angeloz decidió renunciar, en julio de 1995, acosado por los problemas, seis meses antes del vencimiento de su mandato. Algo similar ocurrió en 1989 con Raúl Alfonsín, problema que fue saldado con la reforma constitucional de 1994. El emparejamiento del mandato permitirá que en el futuro en Córdoba se pueda elegir gobernador en forma conjunta con legisladores provinciales y nacionales. Por lo que se sabe, ni el radicalismo ni el Frepaso objetan esta readaptación del período de gobierno, que sólo intenta corregir el desfase que existe hasta ahora.
Otro de los aspectos que están incluidos en esta propuesta del Ejecutivo provincial es el referido al denominado «juicio de residencia». Esto es la jerarquización de la declaración de bienes de los funcionarios y legisladores provinciales que, en el futuro, deberá ser realizada ante el Tribunal Superior de Justicia, al comienzo y al final de cada mandato.
Hasta ahora esta obligación existe pero se trata de una declaración bastante rutinaria, que se realiza ante la Legislatura provincial. Al incluirla en la Constitución provincial e incluir al máximo Tribunal de la Justicia de Córdoba, se procura someter el patrimonio de legisladores y funcionarios a un nivel de control que ahora no tiene. También se considera que es ésta una reforma que no recogerá objeciones por parte de los partidos de la oposición.
Dejá tu comentario